El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, dio toda una demostración de fuerza al destituir al comandante del Ejército, en un intento por apaciguar su relación con la fuerza castrense tras el asalto a los poderes del 8 de enero por parte de bolsonaristas radicales.
Sin haber completado su primer mes en el poder, Lula cesó al general Júlio César de Arruda como jefe del Ejército la noche del sábado, un día antes de poner rumbo a Argentina para su primer viaje internacional desde que tomó posesión del cargo.
Escogió como sustituto al general Tomás Paiva, quien defendió de forma enérgica la democracia y el resultado de las elecciones presidenciales de octubre de las que salió vencedor Lula sobre un Bolsonaro que sigue sin reconocer su derrota en las urnas.
“La decisión de Lula mostró su autoridad de jefe supremo de las Fuerzas Armadas” y con ella espera “recomponer su confianza” en el Ejército, explicó a Efe Marco Teixeira, profesor de Ciencia Política del centro de estudios Fundación Getulio Vargas (FGV).
En su opinión, el inesperado despido de Arruda mandó también un mensaje para reforzar “la autoridad civil sobre el Ejército”, después de los cuatro años de gestión del ahora expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022), en los que abrió espacio a miles de militares para ocupar cargos del Gobierno.
La crisis de confianza entre el Gobierno del presidente Lula y el Ejército fue reconocida por el ministro de Defensa, José Múcio, y se viene gestando desde antes incluso del asalto antidemocrático perpetrado hace dos semanas por miles de partidarios de Bolsonaro en Brasilia.
Empezó a tomar forma con los campamentos que montaron los simpatizantes del exmandatario a las puertas de los cuarteles del país para pedir una “intervención” militar que derrocara a Lula y devolviera al poder al capitán retirado del Ejército.
Uno de los más numerosos estuvo instalado frente al Cuartel General del Ejército de Brasilia desde prácticamente las elecciones de octubre hasta un día después de la violenta invasión a las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema.
Considerado por el Gobierno como una “incubadora de terroristas”, el campamento solo fue desactivado por orden del Supremo Tribunal Federal y se sospecha que albergó a algunos parientes de militares.
“Lula no perdonó, ni va a perdonar la ocupación de campamentos enfrente del Ejército. Quiere una investigación absoluta”, indicó Múcio en declaraciones al diario O Globo publicadas ayer.
Unos 140 militares fuera del Ejecutivo
En sus primeros 21 días de mandato, el jefe de Estado brasileño ha prescindido de los servicios de unos 140 militares que trabajaban en órganos vinculados con la seguridad y la administración de la Presidencia.
El sábado destituyó al comandante del Ejército y lo reemplazó por un alto oficial que declaró su vocación democrática.
EFE











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