Brenda Lafuente Fernández nació hace 29 años en Cochabamba y es abogada de profesión. El año pasado fue denunciada por ser “pitita” y luego fue acusada de no cumplir los requisitos para el cargo de directora nacional de la AJAM. En 2021 procesó además a un exfuncionario que fue a la cárcel y ahora está bajo la mira por impulsar un proceso al periodista Luis Muñoz por “publicar memes”. La polémica autoridad fue en 2013 una de las candidatas a Miss Cochabamba.
La actual directora de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), posesionada en enero de 2021, ha sido criticada en los últimos días por el mismo ministro de Justicia, Iván Lima, y las organizaciones Human RightsWatch (HRW), el Observatorio de Defensoras y Defensores de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (Unitas), Defensoría del Pueblo y la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) después de impulsar el proceso al periodista Muñoz por presunta violencia política contra las mujeres, un delito por el que fue enviado a la cárcel el 1 de abril.
“Supuestamente (la directora) le habría pedido que haga un meme para otra autoridad, pero que ponga el rótulo de falso”, dijo el abogado Marcelo Valdez.
Y aunque el comunicador se benefició ayer con detención domiciliaria, según informó el abogado Marcelo Valdez, el proceso sigue abierto.
Página Siete intentó ayer obtener una versión de Lafuente, pero desde la AJAM no respondieron.
Ascenso
A sus 19 años cursaba el tercer año de la carrera de Derecho, en la Universidad Católica Boliviana en Cochabamba, donde después se tituló. Antes, cuando fue candidata a Miss Cochabamba, en una de sus declaraciones se describía como una persona “muy acelerada”.
Según la página de la AJAM, hizo posgrados y obtuvo un doctorado en Derecho Penal y Política Criminal de la Universidad Mayor de San Andrés, es magíster en Ciencias Penales y posee un diplomado en Educación Superior de la Universidad Privada del Valle.
El 13 de enero de 2021, Lafuente fue posesionada como directora nacional de la AJAM. Según la Contraloría General del Estado, Lafuente tenía en ese momento 595.641 bolivianos como bienes activos.
La abogada trabajó antes en la Defensoría del Pueblo en Cochabamba, fue asesora legal del Ministerio de Justicia y abogada patrocinante del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima. No se cita en la página labores relacionadas a la minería.
Observada por un requisito
Y es precisamente a partir de este último detalle, que el diputado Guillermo Benavides, de Comunidad Ciudadana (CC), observó el 17 de marzo del año pasado su designación, porque no cumple seis años de experiencia en materia minera, por lo que realizó una Petición de Informe Escrito (PIE) al ministro de Minería, Ramiro Villavicencio, algo que no fue respondido.
La Ley 535 menciona en el Art. 43 que para ejercer ese cargo, uno de los requisitos es: “Poseer reconocida idoneidad y experiencia profesional en materia minera por lo menos de seis (6) años para la Dirección Nacional y de cuatro para direcciones departamentales y regionales”. Benavides reafirma que Lafuente no cumple la norma.
En “venganza”, de acuerdo con lo que dijo en su momento Benavides, Lafuente denunció al hijo del diputado, Diego Benavides, por “aprobar resoluciones contrarias a la ley”. Diego había trabajado en esa oficina desde 2017 como analista legal. “Un cargo que le exige emitir opiniones jurídicas, pero sin autoridad para firmar resoluciones”, aclara su padre.
Pese a ello, Diego fue detenido preventivamente por seis meses y el caso sigue abierto, confirmó ayer el asambleísta.
Militancia con el MAS
El año pasado también, Lafuente fue acusada por algunos sectores del Movimiento Al Socialismo (MAS) de ser “pitita”. Incluso publicaron fotos del padrón electoral en el que supuestamente no aparece como militante azul.
En 2021, Lafuente fue denunciada además por la Empresa Minera Guaracyasi por paralizar y dar de baja su trámite para beneficiar presuntamente a un ciudadano chino, Huoy Kung Tang. No se conoce oficialmente qué pasó con el caso.
Y este año, el viernes 1 de abril, Lafuente denunció al periodista Muñoz por el delito de violencia contra mujeres y luego la Fiscalía ordenó la detención preventiva en el penal San Pedro de La Paz por cuatro meses; no obstante, aquello fue revertido ayer en una audiencia.
“Saldrá con detención domiciliaria y salida laboral, mañana lo vamos a sacar de la cárcel”, confirmó su abogado Valdez a Página Siete. El reportero, que antes trabajó en Bolivia Tv, actualmente era funcionario de la AJAM y dependía de Lafuente.
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Tomado de Página Siete
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