YPFB detectó alrededor de 630 cuentas de acceso a su sistema que no tenían una persona asociada y que según la estatal cumplía un rol en el presunto desvío de combustibles en el país. De esas, 60 accesos fueron cortados de inmediato por presuntas irregularidades.
Según Yacimientos, esas cuentas ya no tenían que permanecer activas y se ordenó la desactivación inmediata de 60, como parte de las primeras acciones de la intervención a la empresa estatal para reforzar el control sobre la distribución de combustibles en Santa Cruz.
El asesor de Presidencia de YPFB, Sergio Hinojosa, informó este lunes que la revisión inicial también identificó un desfase entre el combustible registrado como disponible y el volumen que realmente podía despacharse. Según explicó, esa diferencia generaba cupos “rezagados” que recibían prioridad frente a las estaciones de servicio que atendían las filas.
“Todo eso ya ha sido paralizado y se está dando prioridad a un operativo para eliminar las filas”, afirmó Hinojosa.
Cuentas
La revisión reveló que las cuentas contaban con capacidad para modificar parámetros y registros anteriores. YPFB cerró esos accesos e inició auditorías informáticas para establecer el alcance de las modificaciones y determinar posibles responsabilidades.
“Los sistemas están cerrados, ya no son vulnerables, y hemos iniciado auditorías informáticas para determinar el grado y la amplitud de la manipulación”, señaló el funcionario.
La nueva sala de monitoreo, que YPFB habilitó en menos de 24 horas, realiza seguimiento a los despachos de las 180 estaciones de servicio de Santa Cruz. Unos 60 funcionarios de YPFB participan en las tareas ante la falta de personal suficiente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) para realizar controles en campo.
Entretanto, el Comité Pro Santa Cruz anunció que acompañará la fiscalización de la distribución de combustibles y el seguimiento de la ruta que recorren desde su despacho hasta las estaciones de servicio.
La Razón
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