El Viceministerio de Transparencia demandó otro juicio contra la expresidenta Jeanine Añez. Acusa a la exmandataria y a su gabinete de haber causado un daño económico al Estado de Bs 53,9 millones por la aprobación del Decreto Supremo 4272, que autorizó la venta de jet fuel a aviones con matrícula nacional e internacional a precio subvencionado.
La demanda en contra de las autoridades fue presentada ante el Ministerio Público por la presunta comisión de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
Los ministros del gabinete de Añez denunciados, según un reporte de la red Unitel, son: Karen Longaric, de Relaciones Exteriores; Yerko Núñez, de la Presidencia; Arturo Murillo, de Gobierno; Fernando López Julio, de Defensa; Carlos Melchor Días Villavicencio; de Planificación del Desarrollo; José Luis Parada, de Economía; Víctor Hugo Zamora, de Hidrocarburos; y Álvaro Rodrigo Guzmán, de Energías.
Además, se encuentran demandados los exministros Óscar Miguel Ortiz, de Desarrollo Productivo; Iván Arias Durán, de Obras Públicas; Jorge Oropeza Terán, de Minería; Álvaro Coímbra Cornejo, de Justicia; Óscar Mercado Céspedes, de Trabajo; María Roca Justiniano, de Salud; María Elva Pinckert, de Medio Ambiente y Agua; Víctor Hugo Cárdenas, de Educación; y Beatriz Capobianco Sandóval, de Desarrollo Rural.
El Decreto Supremo 4272 fue aprobado por Añez y su gabinete para la reactivación económica a diferentes sectores, debido a las consecuencias negativas de la pandemia del coronavirus, entre ellos el aéreo.
El artículo 71 de esa norma, referida al aprovisionamiento de jet fuel A-1 nacional estableció “Se autoriza a las estaciones de servicio de los aeropuertos, comercializar de manera temporal el Jet Fuel A-1 Nacional a las aeronaves con matrícula nacional e internacional que operan en el país para el servicio en rutas internacionales”.
El artículo 72, respecto a la vigencia de la autorización temporal, ordenó que “La autorización temporal establecida en el Artículo precedente tendrá una duración inicial de doce (12) meses computables a partir de la vigencia del presente Decreto Supremo”.
Tomado de Brújula Digital
Mira también
Comentarios