La Cámara de Diputados aprobó este jueves el informe final de la Comisión Especial de Investigación sobre el caso de la “gasolina basura” y dispuso su remisión a la Contraloría General del Estado, la Fiscalía General del Estado y el Órgano Ejecutivo, para que investiguen y determinen responsabilidades por la internación y comercialización de combustible desestabilizado en el país.
“Queda aprobada la presente Resolución Camaral, aprobando el informe de la Comisión Espe-cial. Remítase a la Contraloría General del Estado, a la Fiscalía General del Estado y al Orga-no Ejecutivo para los fines que, conforme a la normativa legal, correspondan”, senaló el presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro, tras la votación.
El documento también establece que el Ministerio Público deberá informar trimestralmente sobre el avance de la investigación.
La comisión, integrada por 11 legisladores, concluyó que el ingreso, la internación y la posterior comercialización de gasolina desestabilizada en territorio boliviano “no responde a un evento fortuito, sino a una cadena de decisiones político-normativas, omisiones administrativas y deficiencias técnicas”.
El informe identifica además una “ausencia total de control de calidad” y una fluctuación en los montos del concepto “premio” dentro de los contratos de compra de combustibles suscritos entre YPFB y empresas transnacionales.
Las observaciones alcanzan a dos gestiones de Gobierno. De la administración de Luis Arce, el documento menciona al expresidente, al exministro de Hidrocarburos Alejandro Gallardo y al expresidente de YPFB Armin Dorgathen. De la gestión de Rodrigo Paz, señala al exministro
Mauricio Medinaceli actualmente imputado por la Fiscalía, con detención domiciliaria dispuesta por un juez cautelar-, al expresidente de YPFB Yussef Akly y a la exdirectora ejecutiva de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Margot Ayala.
También se menciona a Germán Jiménez y Joel Calla Justinia-no, quienes dirigieron la ANH durante la anterior administración.
Según el informe, durante el gobierno de Arce se flexibilizó la importación de combustible mediante los decretos 5218 y 5313, Lo que generó un marco jurídico favorable para su internación sin controles de calidad. A la ANH se le atribuye responsabilidad por autorizar resoluciones de importación urgentes en favor de YPFB sin exigir certificados de calidad ni ejercer un control posterior adecuado.
Las recomendaciones no se limitan a exautoridades: el informe plantea profundizar las investigaciones sobre funcionarios de la actual administración del sector hidrocarburos, para establecer si existieron acciones u omisiones vinculadas a los hechos.
La sesión, con cerca de 45 diputados presentes, incluyó la lectura del informe, un cuarto intermedio de aproximadamente dos horas y un posterior debate antes de la votación. Entre los presuntos delitos identificados figuran conducta antieconómica, incumplimiento de deberes, atentado contra la seguridad de los servicios públicos, falsedad ideológica, daño calificado y negociaciones incompatibles.
Correo del Sur
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