La Viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Ivette Espinoza, aclaró que el Proyecto de Ley N° 218/2020-2021, “Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales” no es una copia de la norma venezolana, el Proyecto de Ley en cuestión cumple con las 40 Recomendaciones que establece el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
En las últimas horas sectores de la oposición dijeron que supuestamente el Proyecto de Ley contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas es una copia fiel de la norma venezolana y tendría fines de persecución política.
“Tenemos que desmentir de forma categórica esta aseveración que se ha hecho porque denota un desconocimiento de lo que son las leyes contra ganancias ilícitas”, declaró la Viceministra de Pensiones, en conferencia de prensa en la ciudad de Santa Cruz.
Detalló que los aspectos que estipula el Proyecto de Ley en el caso de los Sujetos Obligados tienen los mismos parámetros que señala la norma de Chile y México, de igual forma explicó que el objeto de la ley tiene el mismo sentido en los demás países para prevenir delitos relacionados a la legitimación de ganancias ilícitas y Venezuela tiene que cumplir los mismos objetivos.
“Nuestro Proyecto de Ley cumple con las recomendaciones que también cumplen otros países y que ya figuran en sus normas”, enfatizó la Viceministra.
En cuanto a las 40 recomendaciones de GAFILAT relacionadas a los temas de confidencialidad, Espinoza explicó que en el caso boliviano se habla de la exención del secreto de la confidencialidad y se detalla los casos en los que no se podrá aplicar el secreto profesional, en cumplimiento a la Constitución Política del Estado (CPE).
Mientras que en el caso de República Dominicana, se menciona que el secreto profesional o confidencialidad no será un impedimento para el cumplimiento de los Sujetos Obligados, la misma situación se estipula para los casos de Argentina, Chile, Ecuador, Uruguay quienes no podrán apelar al secreto profesional para el cumplimiento de sus funciones y reportes.
“Estamos hablando de delitos que vienen del narcotráfico, de la trata y tráfico de personas, de la venta de órganos y otras actividades que dañan a la sociedad”, recordó la Viceministra.
En cuanto a los cuestionamientos en el sentido de que el proyecto normativo estaría vulnerando la CPE y la privacidad de la población, Espinoza manifestó que el contenido de la norma tiene el objetivo de unificar, ordenar y estandarizar las competencias que ya tenía la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) para fortalecer la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas.
“Nosotros no estamos yendo en contra de lo que establecen los derechos de la Constitución Política del Estado y no estamos incorporando aspectos más allá de los que ya se encuentra en nuestro marco normativo en vigencia”, dijo la autoridad.
Plan de socialización
El proyecto de Ley se encuentra en fase de socialización con los sectores sociales y productivos que se oponen a esta norma por falta de conocimiento, incluso la Cámara de Senadores declaró una pausa en su tratamiento para explicar este Proyecto de Ley a objeto de encontrar consensos.
La Viceministra alertó que si Bolivia no aprueba la evaluación del GAFILAT se corre el riesgo que el país retorne a las listas grises y sería un perjuicio a las actividades económicas.
“No están pensando en el daño que van a ocasionar al no cumplir con estas recomendaciones que nos pide el GAFILAT y que, obviamente, eso nos perjudica en esta evaluación porque podemos volver a las listas grises o negras y eso va a perjudicar la economía, a las operaciones del sistema financiero, a las empresas remesadoras, el comercio exterior y el uso de tarjetas de crédito y débito”, alertó.
Las malas interpretaciones del Proyecto de Ley –remarcó– carecen de un fundamento técnico y la oposición está jugando con el miedo de la población con mentiras para generar un rechazo a la norma.
Ahoradigital
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