Los funcionarios públicos que firmaron contratos millonarios de publicidad, privilegiando a algunos periódicos del país, y las personas particulares que se beneficiaron con estos recursos en el gobierno de Evo Morales podrían haber adecuado su conducta a los delitos de contratos lesivos al Estado, contribuciones y ventajas ilícitas, asociaciones ficticias y otras, según el abogado y presidente del Colegio Nacional de Abogados de Bolivia (Conalab) Arturo Yáñez.
El jurista aseguró que se advierte una presunta violación de los principios de igualdad, a la normativa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Convención, que establecen que no se puede restringir la libertad de expresión a la ciudadanía, a través de medios indirectos con recursos del Estado y la distribución subjetiva y discriminatoria de fondos públicos.
El delito de contratos lesivos al Estado, de quienes siendo servidores públicos celebraron contratos perjudiciales a la economía nacional y de personas particulares que se beneficiaron causando un perjuicio económico.
“Se tiene que entrar en análisis de cada contrato, en qué medida han cumplido ellos lo que se estaban obligando, si era un medio que ni siquiera salía de las cuatro paredes, o de vez en cuando salía, si realmente cumplió esa función; una auditoría tendría que establecer eso”, aseguró.
Otro presunto hecho delictivo que podría investigarse es el de contribuciones y ventajas ilegítimas que sanciona a quienes, abusando de la condición de funcionarios por sí mismos o por terceras personas, obtuvieran dineros u otra ventaja económica en beneficio propio o de terceros.
“Hay delitos para los que en ese momento tomaron decisiones como servidores públicos, pero también para los particulares que participaron en esos hechos delictivos”, remarcó.
Además, se podría ingresar en el delito de asociaciones ficticias que sanciona al que organiza o dirige asociaciones ficticias para obtener, por estos medios, beneficios y privilegios indebidos.
“Si no había el periódico o lo han creado para obtener esos beneficios estamos ante esa figura que castiga al servidor público o a un tercero que comete ese delito”, recalcó.
El abogado penalista aseguró que el Órgano Ejecutivo, a través del Ministerio de Comunicación, tiene que hacer las auditorías, las investigaciones y presentar la denuncia para establecer las responsabilidades de estos hechos sobre una supuesta “repartija” de los recursos públicos, solo para los “amigos del régimen”.
Expresó su desconfianza en una investigación objetiva del Ministerio Público, ya que el anterior fiscal Ramiro Guerrero y el actual de Juan Lanchipa firmaron contratos de publicidad con algunos diarios ahora cuestionados como El Libertador. Y si iniciaran investigaciones ante una denuncia, apuntarán “contra el portero del medio o una estrategia de encubrimiento”.
Convención Interamericana de Derechos Humanos
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Correo del Sur
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