De manera sorpresiva la jueza cautelar del Plan Tres Mil, Vania Romero, que otorgó libertad irrestricta para los 13 jóvenes detenidos, de manera ilegal estuvo a punto de ser detenida en su mismo despacho tras la audiencia que celebró a instancias de la Fiscalía que presentó la imputación.
Mientras los abogados salían del juzgado del Plan Tres Mil y los familiares y vecinos festejaban la liberación de los detenidos, se hizo presente el representante del Consejo de la Magistratura de Santa Cruz, David Valda, con sus asesores y representantes de Transparencia del Ministerio de Justicia. Tenían en sus manos una denuncia escrita por delito de prevaricato contra la jueza y obligaban a representantes del Ministerio Público y Policías a que la firmen, pero no lo hicieron por considerarlo un abuso y atropello, así como una falta de respeto e independencia al fallo de la jueza que fue apelado por la Fiscalía.
Otros jueces que pidieron reserva de sus nombres esperan la inmediata intervención de la Asociación de Magistrados y Jueces, para hacer respetar los derechos y decisiones de los magistrados.
El Deber
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