El estado de excepción declarado por el presidente Rodrigo Paz el 20 de junio entró este jueves en su último mes, en medio de una crisis económica y energética sin resolver, anuncios de movilizaciones y una creciente fragmentación de la Asamblea Legislativa.
La medida fue adoptada durante 90 días, después de más de 50 jornadas de bloqueos y enfrentamientos que paralizaron buena parte del occidente. Paz dijo que buscaba restablecer la circulación y la normalidad.
Dos meses después, el Gobierno destaca el levantamiento de los bloqueos y la recuperación del abastecimiento, pero siguen abiertas las causas económicas del conflicto. En este periodo hubo al menos cinco focos de protesta pese a las restricciones.
Campesinos afines a Evo Morales se movilizaron en Cochabamba; trabajadores de salud de Santa Cruz realizaron paros por salarios adeudados; los obreros de aseo urbano protestaron en La Paz; organizaciones de San Julián marcharon por la escasez de diésel, y los jubilados rechazaron un decreto que, según sus dirigentes, afecta su representación sindical.
El transporte también anunció medidas de presión por la falta de carburantes cuando concluya el estado de excepción, el 20 de septiembre.
Desde el escenario político, organizaciones cercanas a Evo Morales se preparan para retomar sus movilizaciones. El expresidente convocó a un ampliado para el 26 de septiembre en Lauca Ñ, donde se definirá la hoja de ruta de las protestas previstas desde octubre.
Respaldo debilitado
Entre mayo y junio, la Asamblea dio al Ejecutivo el soporte legal para enfrentar la crisis: abrogó la Ley 1341, aprobó la Ley 1740 y ratificó el Decreto Supremo 5636.
Pero, el Partido Demócrata Cristiano (PDC) quedó dividido entre oficialistas, “laristas” leales al vicepresidente Edmand Lara y militantes de la estructura partidaria. Unidad se fragmentó entre “camachistas”, “samuelistas” e independientes, mientras en Libre los representantes de Demócratas se distanciaron de Jorge Tuto Quiroga.
Esta semana, la censura al ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, abrió otro conflicto porque la Asamblea la aprobó con 91 votos, pero el Gobierno desconoció su validez porque, según su interpretación constitucional, se requerían 111.
En este escenario, Quiroga, Samuel Doria Medina y Manfred Reyes Villa preparan una reunión para definir una posición común. Reyes Villa sostuvo que los acuerdos deben canalizarse mediante los partidos y no a través de negociaciones individuales con parlamentarios. La cita, afirmó, permitirá decidir entre “poner el hombro al país” o contribuir a que “se caiga el Gobierno”.
El vocero presidencial, José Luis Gálvez, aseguró, en cambio, que el Ejecutivo no prescindirá de los dirigentes y dialogará en varios niveles. “Se hablará con los líderes políticos, se hablará con las alianzas internas”, declaró. Añadió que, si fuera necesario, también se conversará con cada senador y diputado.
Paz aclaró que respeta a las organizaciones y a sus líderes, pero sostuvo que los parlamentarios también representan a sus regiones y deben votar por las leyes que las beneficien.
Sin mayoría propia, el Gobierno necesita construir acuerdos. La dispersión de las bancadas vuelve imprevisible cada votación y obliga al Ejecutivo a negociar ley por ley en el último mes de la medida excepcional.
El Deber
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