La diputada de Comunidad Ciudadana (CC), Luciana Campero, reveló este sábado en el programa ¡Qué semana! de EL DEBER Radio, que un informe oficial de Derechos Reales y acusaciones de vecinos de barrios populares de Tarija sustentan la denuncia contra la vicepresidente del MAS, Julia Ramos, que señala que tiene 174 propiedades a su nombre.
Julia Ramos fue ministra de Desarrollo Rural y Tierras, poco después estuvo involucrada en el caso de supuestos desvíos de recursos del Fondo Indígena, por lo que estuvo detenida de forma preventiva en una cárcel de La Paz, luego quedó con detención domiciliaria. Este año, un congreso del ala ‘arcista’ realizado en El Alto la eligió como vicepresidente del MAS.
Campero advirtió que, “si se revisa la historia de Julia Ramos, es difícil de creerlo. El 15 de mayo del presente año solicitamos a Derechos Reales una certificación de todo el pliego de terrenos, casas e incluso viviendas sociales que tiene la señora Ramos y recibimos una respuesta el 20 de mayo, hace poco más de un mes. Este certificado tiene una validez de 60 días y en el mismo se indica que esta dirigente tiene 174 propiedades o bienes inmuebles registrados a su nombre”.
La asambleísta complementó que “nos llama la atención porque recibimos la denuncia del barrio Bartolina Sisa, gente muy humilde y de escasos recursos que habrían migrado a nuestro departamento (Tarija) con la promesa de tener justamente un bien inmueble a su nombre. Han realizado pagos a la señora Julia Ramos, y estas propiedades, tras el pago final, nunca fueron transferidas”.
Acotó que no es que Julia Ramos “hubiera representado a una masa de gente para adquirir esos terrenos. “Adquirió 25 hectáreas allí donde está ubicado este barrio en Tarija en 2008. Incluso antes de que los vecinos realicen un pago. ¿De dónde sacó ella el dinero? Evidenciamos que ese es el modus operandi de los dirigentes del MAS, prometer vivienda propia a la gente humilde para movilizarlos políticamente y, lo que es peor, enriquecerse a costa de la ciudadanía”.
Admitió que no hay un cálculo estimado de cuánto dinero representa cada lote, pero cada terreno mide 300 metros cuadrados y podría costar hasta 35 mil dólares cada uno. “Sube más si es que tiene una construcción, y si es una vivienda social ya no se puede calcular económicamente sino en cuanto al delito porque ésta debe ser construida para una sola familia. No pueden construirse dos viviendas sociales a nombre de una misma propietaria”.
En total, detalló que 171 inmuebles están en el barrio Bartolina Sisa y tres terrenos o tierra productiva ubicadas en el municipio de Uriondo, que es donde se produce uva.
Julia Ramos, la denunciada, desmintió en la última semana la declaración de la diputada opositora, aseguró que solo tenía dos terrenos, uno suyo y otro de su hijo, y conminó a Campero a presentar pruebas en un lapso de 48 horas.
La diputada aseguró que ella la está esperando para mostrarle toda la documentación y que su partido (CC) analiza si es presentará una denuncia ante la Fiscalía por la desconfianza que generan sus autoridades.
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