Un nuevo informe policial implica al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero en una «dinámica de intermediación e influencias» con autoridades de Bolivia «orientadas a beneficiar los intereses» del Grupo Gloria, de Perú, «mediando una contraprestación económica de 200.000 euros».
La Unidad central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía española da por «acreditado» que Zapatero «realizó gestiones para conseguir» una reunión de directivos de ese grupo peruano con el ministro de Justicia de Bolivia, y deduce asimismo que pidió la intermediación del expresidente Luis Arce, según el informe del 22 de junio al que accedieron varios medios españoles.
Los investigadores creen que se habrían simulado «servicios de asesoría no prestados» para que Zapatero ingresara esa cantidad entre 2024 y 2025 a través de una «sociedad interpuesta».
Según el dosier policial, fechado el 22 de junio, «esta influencia habría sido ejercida ante autoridades del Estado Plurinacional de Bolivia y, como remuneración, José Luis Rodríguez Zapatero habría recibido 200.000 euros de la sociedad peruana Focus Social Research».
Los investigadores apuntan que Zapatero y Focus Social Research habrían suscrito un contrato de prestación de servicios de asesoría, si bien la UDEF deduce, con base en las conversaciones analizadas, que los servicios prestados «no guardan relación» con dicha empresa, cuyo objeto social estaría orientado al marketing y que, por tanto, la compañía habría sido empleada como «sociedad interpuesta».
Detrás de los pagos efectuados por Focus Social Research a una cuenta del expresidente del Gobierno español y antiguo líder del partido socialista (PSOE) sería el conglomerado empresarial Gloria, según la UDEF, que ve «indicios» de que se habrían simulado «servicios de asesoría no prestados, creando contratos ad hoc para justificar dichos pagos».
Reuniones con «altas esferas políticas de Bolivia»
El objetivo de la supuesta dinámica sería «tratar de mediar o influir» a favor del grupo Gloria en varios litigios millonarios mantenidos con Bolivia, entre ellos el caso de competencia desleal Soboce-Fancesa, y para ello Zapatero, según la UDEF, «se había reunido o contactado con altas esferas políticas de Bolivia», como el por entonces presidente Luis Arce, y los ministros de Economía y Justicia o el Procurador General del Estado.
Según desgrana cronológicamente el informe, Gertrudis Alcázar -secretaria del expresidente ya quien la Policía otorga un «papel relevante»- agendó, a petición de Zapatero, varias de esas reuniones.
Las gestiones llevadas a cabo por Zapatero se desencadenaron después de que el Estado boliviano ejecutara una serie de actos administrativos que perjudicaron económicamente al Grupo Gloria, tras lo que éste solicitó la asesoría del expresidente un cambio de 200.000 euros y una dieta de 10.000 euros diarios más gastos en caso de viajes.
Además de todo ello, la UDEF atribuye a Carmen Almendras, exembajadora de Bolivia en España entre 2007 y 2015 y exdirectora del Bicentenario en Chuquisaca, el papel de «intermediaria» entre Zapatero y Ana María Ospina, directiva del Grupo Gloria, propietaria de Soboce.
Nuevo informe del caso Plus Ultra
Los investigadores han recopilado toda esta información tras hacer un «primer análisis» de los dispositivos telefónicos incautados a la secretaría de Zapatero, Gertrudis Alcázar, en el registro practicado en el despacho del expresidente el 19 de mayo en el marco del conocido como caso Plus Ultra.
El nuevo informe, que los investigadores ya han remitido al juez del caso, atribuye al exsecretario general socialista otra presunta línea de influencias distintas a la que, según el magistrado, habría ejercido a favor de la chimenea Plus Ultra para conseguir el préstamo público de 53 millones de euros en 2021 y por la que está investigado en la Audiencia Nacional.
«Los hechos analizados en el presente informe apuntalan, a juicio de los investigadores, los indicios de la existencia de una organización criminal, liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, que, aprovechando sus contactos y ascendencia pública internacional, se dedicaría al ejercicio de influencias de carácter ilícito en beneficio de distintos clientes», apunta la UDEF.
Correo del Sur
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