Ahoradigital – Los gobernadores de seis departamentos se declararon este jueves en estado de alerta y exigieron al Gobierno nacional una compensación económica por el incremento del precio del diésel, cuyo costo pasó de los Bs 6,73 por litro que se tomó como referencia para elaborar los presupuestos departamentales de 2026 a un precio que actualmente supera los Bs 17.
La posición fue asumida durante una reunión realizada en Santa Cruz, donde las autoridades departamentales también reclamaron la aplicación del denominado modelo 50/50 de redistribución tributaria y fijaron el 31 de octubre como plazo para que el Gobierno responda a sus demandas.
El gobernador cruceño, Juan Pablo Velasco, fue el encargado de leer las conclusiones del encuentro. Las autoridades solicitaron al Ejecutivo transferencias extraordinarias del Tesoro General de la Nación para cubrir el diferencial generado por el nuevo precio del combustible.
El pedido apunta especialmente a garantizar servicios y competencias departamentales como el mantenimiento de caminos, la atención en salud y la operación de maquinaria y equipos, áreas que requieren un importante consumo de diésel.
Los gobernadores también solicitaron autorización para realizar modificaciones presupuestarias y reasignar recursos con el objetivo de afrontar el incremento del gasto en combustible durante el periodo comprendido entre la eliminación de la subvención y el 31 de diciembre de 2026.
El reclamo surge después de que el Gobierno estableciera, mediante el Decreto Supremo 5716, un precio inicial de Bs 17,95 por litro de diésel, sujeto posteriormente a un mecanismo de ajuste vinculado a parámetros internacionales.
El otro frente: el 50/50
Además del diésel, las gobernaciones volvieron a poner sobre la mesa la redistribución de recursos bajo el modelo 50/50. Exigen que este mecanismo se aplique desde 2027 y que las gobernaciones sean incorporadas en la redistribución de la coparticipación tributaria sin afectar los recursos destinados a municipios y universidades públicas.
“Necesitamos que el 50/50 sea una realidad desde el 2027”, afirmó Velasco, al recordar los acuerdos alcanzados anteriormente entre las autoridades departamentales.
Con la declaración de estado de alerta y el plazo hasta el 31 de octubre, las gobernaciones trasladan ahora al Ejecutivo la responsabilidad de responder a una agenda que combina más recursos, compensación por el diésel y una nueva distribución de la coparticipación tributaria.
El tema adquiere especial relevancia porque las gobernaciones aseguran que el nuevo precio del combustible modifica de manera sustancial sus previsiones presupuestarias para la gestión 2026 y podría presionar la continuidad de servicios y obras bajo su responsabilidad.
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