Durante el primer foro agropecuario organizado por la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), los candidatos presidenciales Samuel Doria Medina y Jorge Tuto Quiroga expresaron su rechazo a las empresas estatales.
De forma más radical, Quiroga, vicepresidente en el gobierno conservador de Hugo Banzer y ahora candidato de la alianza Libre, apuntó hacia una privatización total, pues, en su criterio, las estatales fueron “creadas para robar”.
“Las empresas públicas que se han construido estos años, no buscaban producir, buscaban robar. Todo ha sido hecho con sobreprecio (…). Todas las empresas se cierran, se concesionan, o se privatizan, ninguna va a quedar en manos del Estado”, propuso.
El expresidente cuestionó la utilidad de algunas empresas, como Quipus, empresa pública que comercializa productos tecnológicos. “¿Alguien aquí tiene un teléfono Quipus? No veo. Los de Apple siguen temblando por la competencia”, ironizó.
Doria Medina, candidato por la alianza Unidad, fue un poco más moderado y propuso que algunas empresas estatales, que no funcionen, podrían venderse. “Hay algunas que tal vez se pueda hacer funcionar mejor o venderlas (…), pero han hecho tanta barbaridad (…), entonces, decir ‘vamos a vender esa empresa’, no hay ningún loco que quiera comprar una fábrica que la han hecho en el lugar equivocado”, protestó.
El empresario citó el caso del Ingenio Azucarero Guabirá, que, durante su gestión como ministro de Planificación (1991-1993), pasó de manos del Estado a los productores y vendedores. Según Doria Medina, desde entonces Guabirá quintuplicó su producción y aportó al desarrollo económico del norte de Santa Cruz.
Durante su gestión como ministro, se promulgó la Ley 1330, la cual autorizó a las instituciones, entidades y empresas del sector público a enajenar sus activos, bienes, valores, acciones y derechos, transfiriéndolos a personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras. La norma fue conocida como la “ley de privatización”.
Durante el foro, Doria Medina dijo que el Estado demostró no saber administrar las empresas. Mencionó el caso de la Empresa Azucarera San Buena Aventura (EASBA), la cual, denuncia, se construyó en una zona donde ni siquiera hay caña de azúcar.
Manfred Reyes Villa, el otro candidato presidencial que asistió al evento, también mostró su rechazo a las empresas estatales, pero indicó que, en caso de ganar las elecciones, se esforzará para que el Estado se convierta en un facilitador y trabaje con el sector privado.
El alcalde de Cochabamba apuesta por una alianza público-privada en la que el Estado no busque competir con los privados, sino que los potencie.
El tema se abordó debido a que los productores agropecuarios consideran que la presencia del Estado es perjudicial para su sector, ya que genera una “competencia desleal”.
A propósito, el presidente de la CAO, Klauss Frerking, cuestionó que, ahora, el Estado, “en lugar de facilitar, compite, estorba o castiga al que produce”.
La Razón
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