La Cancillería denunció esta jornada un “abuso de privilegios y atropello a la soberanía” de Bolivia por el incidente que protagonizaron cuatro encapuchados a bordo de dos motorizados de la Embajada de España, que intentaron ingresar a la residencia de la embajadora de México en La Paz.
En rueda de prensa, la ministra de Relaciones Exteriores, Karen Longaric, afirmó que, según versiones de los vecinos, los sujetos estaban armados y por eso se negaron a proporcionar sus identificaciones a uniformados de la Policía Boliviana que resguardaban el ingreso a la urbanización ‘La Rinconada’.
La autoridad anticipó que se remitirá un comunicado a todo el cuerpo diplomático extranjero acreditado al país, así como a todas las representaciones diplomáticas bolivianas en el mundo, para que hagan conocer la situación que se vivió este viernes en el espacio donde se encuentran las nueve exautoridades del MAS, cuatro con órdenes de aprehensión.
Declaraciones de la titular:
“La pregunta número uno es cuál era el motivo para que la ministra consejera de España visite a la embajadora de México con personas encapuchadas y presuntamente armadas, como denunciaron vecinos”, dijo la canciller desde la sede de Gobierno.
Explicó que la acción vulnera la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y constituye un “atentado” al proceso de pacificación que encara la administración transitoria de Jeanine Áñez, a tiempo de enfatizar que la presencia de los hombres con el rostro cubierto era una “amenaza evidente” a ese espacio.
“La Cancillería cursará una nota a la Cancillería de España, denunciando estos atropellos y reclamando el cumplimiento riguroso de la Convención de Viena, en nuestra calidad de Estado anfitrión”, reiteró Longaric, explicando que el intento de ingresar a dicha residencia se produjo de forma “clandestina”.
Finalmente, la ministra dijo que todavía no conversó con el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, para ver la necesidad de incrementar o no la vigilancia en las instalaciones diplomáticas de México, país con el que existe tensión por el resguardo que brinda a expersoneros que deben rendir cuentas ante la justicia por la convulsión social y el fraude a favor del MAS en las elecciones.
El Deber
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