Ahoradigital – Un audio atribuido al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset vuelve a sacudir el escenario político y judicial boliviano. En la grabación, difundida este miércoles, Marset afirma que pagó $us 500.000 para permanecer en Bolivia y continuar con sus actividades, y menciona al exministro de Gobierno Eduardo Del Castillo y al fiscal general del Estado, Roger Mariaca.
Según el registro difundido por Red Uno, Marset asegura que el contacto con Del Castillo se produjo a través de un policía identificado como Rubén Aparicio. En el audio también sostiene que entregaba una mensualidad al entonces ministro para poder “trabajar tranquilo”.
La declaración adquiere especial relevancia después de que Mariaca y el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, fueran aprehendidos en el aeropuerto internacional de Viru Viru durante un operativo policial que posteriormente se extendió a otras ciudades del país.
En la grabación, Marset sostiene además que Aparicio y Mariaca habrían participado en el supuesto acuerdo con Del Castillo. La versión fue difundida mientras se desarrollaban operativos que también alcanzaron al exministro de Gobierno.
De acuerdo con reportes publicados durante la madrugada, Del Castillo también fue aprehendido en La Paz, mientras que otros funcionarios y policías fueron trasladados en el marco de la investigación.
El contenido del audio, sin embargo, no constituye por sí mismo una prueba de los hechos denunciados. Hasta el momento, medios que reportaron el material señalaron que la autenticidad de las grabaciones y las afirmaciones atribuidas a Marset deben ser corroboradas mediante una investigación y otros elementos independientes.
El caso toma todavía mayor dimensión porque Mariaca había sido señalado días atrás por Estados Unidos por presuntos vínculos con corrupción y protección al narcotráfico, acusaciones que el fiscal general rechazó.
Ahora, la aparición de este audio y los operativos contra Mariaca, Del Castillo y otros funcionarios colocan nuevamente el caso Marset en el centro de la crisis política y judicial boliviana.
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