Después de más de más de cinco horas de audiencia, la justicia determinó enviar a la cárcel de Palmasola, por 180 días, a ocho de las 10 personas aprehendidas, el miércoles, pasado, por el caso de estafas cibernéticas en la capital cruceña. Otras dos quedaron libres con medidas sustitutivas.
El fiscal, Candido Blanco, detalló que entre las personas enviadas a prisión está el ciudadano chino, presunto líder de la organización, tres colombianos, dos peruanos y también dos personas de nacionalidad boliviana.
La autoridad agregó, que los dos bolivianos (un hombre y una mujer) que se beneficiaron con medidas sustitutivas quedaron con detención domiciliaria, arraigo, pero además deberán depositar una fianza económica.
Delitos
Todos del cautelados, fueron imputados este sábado por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y favorecimiento al enriquecimiento ilícito.
“El Ministerio Público demostró de manera precisa, específica y detallada los suficientes elementos de convicción de la probabilidad de autoría de los delitos”, indicó Blanco.
El fiscal complementó señalando que la empresa desde donde operaban los ciberestafadores tenía un capital de 70.000 bolivianos, en papeles; sin embargo, el movimiento real era de 400.000 bolivianos por mes.
Abogado defensor
Sebastián Paz, abogado defensor, del ciudadano asiático, lamentó la determinación de la justicia e indicó que hubo un retroceso de más de 20 años en la administración de la justicia boliviana.
Indicó que el Ministerio Público no presentó pruebas de la autoría de los delitos por los que se lo acusa y que el juez pidió a su defendido que acredite que no se va a escapar y que no va a obstaculizar la investigación, indicó tras la conclusión de la audiencia.
Estafas internacionales desde Bolivia
La organización instalada en un edificio de la avenida San Martín y segundo anillo (zona de Equipetrol) extendió sus tentáculos desde Santa Cruz de la Sierra hasta Perú, México, Ecuador, Chile y Colombia para estafar y amedrentar a sus víctimas, que contactaban mediante redes sociales.
Para la Policía, esta es una organización criminal conformada por ciudadanos nacionales y extranjeros, un asiático y una ciudadana colombiana serían los presuntos accionistas de la empresa fachada que montaron en la capital cruceña, cada uno con un 50% de participación.
EL DEBER
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