La justicia de Chile tiene 90 días para materializar la expulsión de los tres militares bolivianos que fueron capturados por Carabineros en territorio chileno el 8 de septiembre de 2021, cuando participaban de un operativo contra traficantes de vehículos. Los uniformados podrán retornar, incluso antes de ese plazo, pero lo harán sin el armamento que les fue confiscado hace ocho meses.
Se trata del teniente Jaime Herbas, el subteniente Níger Ponce y el sargento segundo José Bautista Carvajal, quienes pertenecen al Comando Estratégico Operacional (CEO) de la Fuerza de Lucha Contra el Contrabando. Ellos fueron condenados a cuatro años de prisión por “porte ilegal de armas” en el Juzgado de Pozo Almonte, en el norte de Chile, a cargo del magistrado Raúl Santander.
Christian Castro, el abogado defensor, dijo a EL DEBER que la pena fue conmutada, precisamente, por la expulsión y la prohibición de ingreso a Chile por el lapso de 10 años. Se trata, dijo, de una sanción “menor en su grado máximo”, de acuerdo con el procedimiento del sistema judicial de Chile.
“El Tribunal fijó un plazo de 90 días para la expulsión. Se trata de una fase de ejecución de la sentencia y para la cual tenemos que direccionar un oficio al delegado presidencial que tiene que remitir antecedentes de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) y cumplir el dictamen”, dijo Castro.
Precisó que, una vez que se gestionen todos los trámites, oficiales de la PDI llevarán a los uniformados hasta el punto de frontera en Colchane-Pisiga, uno de los cuatro pasos legales que hay a lo largo de los 861 kilómetros de frontera que comparten Bolivia y Chile.
El proceso planteado contra los uniformados se realizó bajo un procedimiento abreviado. La Fiscalía chilena había formalizado una acusación que, además del porte ilegal de armas, incluía cargos por robo con intimidación y esto porque cuando los militares fueron reducidos, pobladores de la zona presentaron esos cargos.
“Hubo colaboración por parte de ellos en la fase investigativa. (El caso) no perseveró respecto de los otros delitos, robo con violencia, infracciones administrativas y demás delitos, porque nosotros logramos desnaturalizar en la fase investigativa”, apuntó el jurista.
El día en el que fueron detenidos los bolivianos, se produjo un incidente violento con Carabineros. Uno de los uniformados reducidos terminó con una herida en la cabeza que demandó una sutura de cuatro puntos, según los testimonios sustanciados en el proceso legal que concluyó el 2 de mayo con la sentencia del juez.
En el dictamen al que accedió EL DEBER se detalla la cantidad de armas de uso militar que están bajo custodia del Estado chileno: Dos fusiles FAL calibre 76,2, además de dos cargadores para esas armas; dos pistolas, una de ellas Sported night y la otra de marca CZ, ambas para un calibre de nueve milímetros, junto a dos cargadores.
Pero, también están las municiones: 51 cartuchos para proyectiles 7,62 y 38 cartuchos para nueve milímetros; un tubo de pintura para camuflarse de color verde y un chaleco de uso táctico.
Consultado sobre el trámite de devolución del armamento, Castro explicó que se debe realizar otro proceso legal.
“Como abogados, hemos iniciado el trámite. Estamos haciendo las gestiones con ese objetivo”, precisó, pero sin descartar una posible salida diplomática. “Soy de la idea de que nos es necesario judicializar todo y la devolución sería vista como un gesto de buena vecindad”, pero a merced de conversaciones bilaterales. El jurista precisó que el vehículo en el que se trasladaban los efectivos no fue parte del delito.
Entre 2013 y 2017, tres incidentes de este tipo se registraron en la frontera. Tres soldados fueron procesados hace casi 10 años bajo las mismas circunstancias. En 2017, dos militares y siete funcionarios de Aduana fueron detenidos por 100 días en el penal de Alto Hospicio. En contrapartida, también en 2017, dos carabineros fueron detenidos y conducidos a Uyuni antes de ser devueltos. Todos esos casos en operativos contra el delito, pero en entonces la expulsión fue inmediata.
El viceministro de lucha contra el Contrabando, Daniel Vargas, afirmó que el control en la frontera boliviano chilena “es complejo por la cantidad de pasos ilegales”, mientras que el capitán de Carabineros, Antonio Alonso, consideró que el área es extensa “y se requiere de mucha logística para los controles”. El oficial chileno estuvo la pasada semana en La Paz, precisamente, para reactivar la coordinación para perseguir al crimen organizado binacional.
De hecho, además del contrabando de vehículos, la frontera de Chile con Bolivia también es área de tráfico de drogas y ropa usada. Por esa zona también cruzan a pie migrantes indocumentados, en su mayoría de origen venezolano.
El coronel retirado del Ejército y abogado Jorge Santisteban explicó que ahora debe prevalecer “el principio de la “cooperación” para enfrentar a las bandas que operan en la zona, unas 30 de acuerdo con datos de la Policía chilena.
En cuanto al procedimiento para la devolución del armamento, explicó que el trámite debe comenzar con “un reclamo formal” que será acompañado por una certificación que señale esas armas son para la defensa del Estado y no así para uso particular. “Esto se debe acompañar con la documentación correspondiente. Debe resolverse en el campo y en el nivel político”, señaló el experto.
Santisteban fue jefe de Estado Mayor en la Décima División de Tupiza. Recordó que cuando estaba en esas funciones existía un mecanismo de “cooperación directa” entre militares bolivianos y Carabineros chilenos al punto que “varias veces” se han devuelto armamento y no se detuvo efectivos del vecino país hasta el punto de frontera. “Pero fueron más los casos de bolivianos que incursionaron a Chile que viceversa”, afirmó.
“Eso sucedió hasta 2010” cuando las relaciones se tensionaron. Un año después, el entonces presidente Evo Morales anunció un juicio a Chile por la demanda marítima tras varios años de diálogo bilateral en de 13 puntos.
El Deber
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