El Ministerio Público presentó este lunes la imputación formal contra el excomandante del Ejército Juan José Zúñiga por la supuesta comisión de los delitos de alzamiento armado y resoluciones contrarias a la Constitución, debido a su participación en la asonada militar del 26 de junio de 2024.
“Por la comisión de los delitos de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado y resoluciones contrarias a la Constitución (Política del Estado) y las leyes tipificadas en los artículos 133, 131 en grado de complicidad”, señala el documento enviado al Juzgado Quinto de Instrucción en lo Penal del Tribunal de Justicia de La Paz, publicado por medios de comunicación.
Actualmente, Zúñiga está recluido en el penal de El Abra, en Cochabamba. Allí, cumple detención preventiva por el mencionado caso.
Hace dos semanas, Zúñiga concedió una entrevista a un medio argentino, con el uso de un celular dentro del penal, hecho que está prohibido para los privados de libertad en ese y todos los recintos carcelarios del país.
Por ese acto, Zúñiga fue aislado del resto de la población. Pero un juez concedió la tutela que presentó su abogada, Silvia Tapia, para que la sanción quede sin efecto.
En el antecedente, ese 26 de junio, Zúñiga ocupó la plaza Murillo, en La Paz, con el fin de tomar el Palacio de Gobierno. Acompañado de militares fuertemente armados, el exuniformado quiso entrar al edificio gubernamental, pero el presidente Luis Arce freno su avance justo en la puerta.
Le ordenó el repliegue de los efectivos, pero Zúñiga se insubordinó. De inmediato, Arce cambió al Alto Mando Militar, cuya primera orden fue el repliegue de los movilizados.
A eso, el Gobierno llamó un “golpe de Estado fallido”.
La Razón
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