El Gobierno procesa a la representante legal de una empresa peruana y a tres exinterventores de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas S. A.), en el marco del caso de corrupción suscitado por la compra con sobreprecio y en mal estado de 3.024 tuberías chinas, que debieron servir para el recambio del sistema de conexiones que suministra el líquido elemento a la zona Sur de la ciudad de La Paz.
La información la confirmó a EL DEBER el fiscal Coordinador Contra Delitos de Corrupción, Tributarios, Aduaneros y Legitimación de Ganancias Ilícitas, David Torrez. “Lo que podemos informar en este momento es que se ha generado la ampliación de investigación contra la señora Ana Rosa Pimentel y la Sociedad Comercial La Llave S. A.”, detalló el funcionario.
En el caso de Epsas S. A., los exinterventores implicados son Bladimir Iraízos, Jaime Gutiérrez y Alfredo Ayala, quienes ejercieron el cargo entre 2021 y 2024 como representantes de la empresa privada, que fue intervenida por el Gobierno del MAS desde 2013. Los trabajadores de esa institución están regidos por la Ley General del Trabajo, pero el nombramiento de su máxima autoridad depende del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, ahora fusionado al Ministerio de Desarrollo.
Pimentel y los exinterventores fueron denunciados por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, pese a las objeciones que la defensa de Iraízos hizo, sobre que estos son delitos que aplican solo a empleados gubernamentales. Además, se habla de un “daño económico al Estado” de Bs 14,3 millones, de los cuales ya se canceló el 70%, por un material que ahora está abandonado en predios de Epsas S. A.
“Se han entregado recursos y se causó un daño económico, se ha jugado con la necesidad de contar con agua potable en las zonas de la ciudad de La Paz”, aseveró el abogado del Ministerio de Desarrollo Productivo, Aldo Ortiz, en una reciente audiencia judicial.
Detención
Luego de varias inasistencias injustificadas a las convocatorias de la Fiscalía, el jueves 12 de febrero de este año se ejecutó una orden de aprehensión y, al día siguiente, el juez Elmer Laura, del Juzgado 12 Anticorrupción de La Paz, dispuso la detención preventiva de Iraízos por el plazo de seis meses en el penal de San Pedro, mientras se desarrollan las investigaciones.
En el caso de Gutiérrez y Ayala, se desconoce si ya prestaron su declaración informativa, pero en la audiencia cautelar de Iraízos, el fiscal Fernando Espinoza informó al juez que aún falta tomar la declaración de al menos 17 trabajadores de Epsas S. A., así como realizar una inspección a oficinas de la empresa y el peritaje informático a un celular corporativo usado por Iraízos.
La Llave
Sobre Pimentel, se conoce que, como representante de la empresa peruana La Llave S. A., con oficinas en Santa Cruz, firmó un contrato con Epsas S. A. en junio de 2022 para la venta de las 3.024 tuberías de acero, de 76 centímetros de diámetro.
EL DEBER se comunicó al número que Pimentel dio como referencia en el contrato; sin embargo, una persona que se identificó como responsable de negocios del área occidental en Bolivia de esa firma respondió que desconocía del tema legal y pidió que se hagan las consultas en las oficinas centrales, pero no hubo respuesta a las llamadas.
Las 3.024 tuberías, de distintos espesores y longitudes, estaban destinadas a cubrir un área aproximada de 21 kilómetros lineales en las zonas Valle de las Flores y Callapa, área en la que en febrero de 2011 se suscitó un megadeslizamiento que dejó centenares de casas destruidas y miles de damnificados.
El evento, generado por las lluvias y el mal estado del alcantarillado, también causó daños al sistema de tuberías de alta presión que cruza por esas zonas y sirve para dotar de agua a más de 300.000 habitantes de la zona Sur de La Paz.
Como principal requisito, las tuberías que La Llave S. A. se comprometió a entregar debían contar con un revestimiento interno especial, necesario para el transporte de agua potable, cláusula que se incumplió y dio lugar a la investigación. Las tuberías que fueron colocadas de forma provisional en 2011, propiedad de YPFB, con las que aún funciona dicho sistema en el Valle de las Flores y Callapa, debieron ser reemplazadas en 2013..
Contrato incumplido
El consultor y experto en temas de agua y saneamiento, José María Herbas, fue quien destapó este y otros hechos de corrupción en Epsas S. A. los cuales aún no fueron esclarecidos, pese al cambio de Gobierno.
Herbas sostiene que durante todo el periodo de intervención la empresa “fue botín político de dirigentes afines al MAS, como los de la Central Obrera Regional (COR) y la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de El Alto, cuya organización tiene a varios de sus afiliados en planillas de Epsas S. A.”.
El experto reveló que, mientras avanza el proceso penal por las tuberías, la empresa La Llave S. A. planteó un recurso civil para que Epsas S. A. pague lo acordado, ya que solo se canceló un adelanto del 70% de los Bs 14,3 millones por los que se firmó el contrato en 2022.
El argumento de la firma peruana es que, según el contrato, los responsables de Epsas S. A. no hicieron ninguna observación a las 3.024 tuberías al momento de que llegaron desde China y se les entregó entre junio y julio de 2023.
Herbas detalló que Iraízos inició el proceso de licitación, el cual fue anulado en dos oportunidades y, finalmente, por invitación directa, el 13 de junio de 2022 el entonces interventor adjudicó el contrato a La Llave S. A.
Entre las irregularidades de esa primera fase de la licitación, describe Herbas, Epsas S. A. aceptó, sin observaciones, que las empresas proponentes elevaran de Bs 10 millones a Bs 14,3 millones el precio de los productos solicitados y que La Llave S. A. entregó proformas anticipando estos cambios.
Sobre la responsabilidad de Gutiérrez y Ayala, según la explicación de la Fiscalía, ambos conocían la falta de revestimiento interno en las tuberías, pero aun así autorizaron los pagos y continuaron con la recepción del material; además, incurrieron en “silencios administrativos” que jugaron en favor de La Llave S. A.
La denuncia penal fue presentada el 17 de noviembre de 2025 por el entonces interventor Pedro Flores, representante de la dirigencia de El Alto. Aún no se conocen los lineamientos que tiene el actual titular de Epsas S. A., Edgar Landívar, un exfuncionario de la Gobernación de Santa Cruz.
En criterio de Herbas, Flores también debe ser procesado, porque “los cargos denunciados son insuficientes”; asimismo, considera que, por la gravedad del caso, el nuevo interventor debe ampliar la investigación por legitimación de ganancias ilícitas y pedir la anotación preventiva de los bienes de todos los involucrados”, concluyó.
Fuente: El Deber
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