En las últimas semanas, la Policía se ha visto envuelta en escándalo tras escándalo por hechos de corrupción, puesto que algunos efectivos de la fuerza del orden estuvieron involucrados en casos s que van desde el atraco a un domicilio hasta el volteo de una gran cantidad de droga. Por lo menos, rodaron las cabezas de 10 miembros de la institución verde olivo.
Nuevamente, la Policía Boliviana se encuentra sumida en una crisis que afecta su legitimidad y deteriora la confianza en ella, por los ilícitos en que están involucrados efectivos de distinto rango en la fuerza del orden.
Diversos estudios sostienen que existe una propensión a cometer actos de corrupción por diversos factores, pero particularmente porque los efectivos se encuentran en exposición en un ambiente corruptor.
Son al menos ocho los escándalos conocidos públicamente que han involucrado a una veintena de uniformados de la Policía.
Volteo de droga
El último caso que sacude las esferas policiales es la “desaparición” de 800 kilos de droga, en el que estarían involucrados por lo menos ocho efectivos de la fuerza del orden, pero que prestan servicio en la unidad antidroga.
El pasado viernes se realizó el operativo Teyou en la estancia Los Nicos, en San Borja, Beni, que dio como resultado la incautación de 431 kilos de cocaína, pero habrían desaparecido 800.
Según datos, en la incursión antidroga, además de armas, se encontró una pista clandestina y 10 bolsas que contenían 400 paquetes tipo ladrillo con un peso de 431 kilos de clorhidrato de cocaína y que otros 800 kilos habían desaparecido. La droga fue valuada en 2.156.750 dólares; la estancia, en 500 mil dólares, y las armas, en 16 mil dólares.
Los kilos desaparecidos estarían valuados en 1,6 millones de dólares, y en el ilícito estarían involucrados ocho efectivos del Grupo de Inteligencia y Operaciones Especiales (GIOE) de Amazonía, quienes en la víspera fueron enviados con detención preventiva al penal de Palmasola, Santa Cruz.
Banda de atracadores
El 15 de abril, en la doble vía La Guardia, Santa Cruz, una banda delincuencial, integrada por lo menos por dos efectivos policiales, asaltó una vivienda, donde maniataron a dos niños y su niñera, para llevarse 50 mil bolivianos.
De los policías involucrados sólo fue identificada la subteniente de Policía Lizett Condori, quien fue ayudante del comandante general de la Policía, Jhonny Aguilera, y luego transferida a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Cochabamba, desde donde se trasladó a Santa Cruz y participar del hecho criminal.
Fue cautelada y la justicia determinó su detención preventiva en un penal por el lapso de seis meses.
Agresor
El 16 de abril, Óscar C. D., quien cumplía la función de fiscal policial, fue detenido por agredir a su pareja. El hecho ocurrió en la ciudad de Cochabamba.
Según reporte, el efectivo del orden habría propinado golpes de puño y patadas a la víctima, que también es funcionaria policial.
El policía de grado sargento fue cautelado y recibió medidas sustitutivas.
Fuga de reo
El 20 de abril, Omar R. E., de 37 años, recluso de San Antonio, se dio a la fuga después de ser trasladado hasta el hospital Viedma debido a que presentaba un dolor abdominal. Los dos policías custodios fueron sometidos a investigación porque —según el informe del nosocomio— el reo llegó sin resguardo policial.
Salida de recluso
El 1 de marzo, un reo que salió con “permiso” de la cárcel perpetró un asalto con otros cómplices a un domicilio en el barrio Julio Leigue, Santa Cruz, oportunidad en la que se llevaron medio millón de bolivianos.
Gustavo Vargas, sentenciado por narcotráfico en el Centro de Readaptación Productiva de Montero, recibió un permiso ilegal para ausentarse por horas del penal.
La Fiscalía y la Policía han iniciado una investigación contra el mayor Julio A., director de la carceleta de Montero por este caso.
Red en Palamasola
Durante la pasada semana, se llevó adelante un operativo en el penal de Palmasola, oportunidad en que se desarticuló una red que traficaba alcohol y drogas.
Los delincuentes fueron hallados con 7.200 litros de alcohol y 95 cápsulas de pasta base de cocaína.
Los policías que estaban a cargo de la seguridad de la puerta principal del penal son investigados.
“Narcoaudios”
En este mes de abril, también estalló el escándalo por la difusión de los denominados “narcoaudios”.
Este hecho involucra a tres altos jefes antidrogas; José María Velasco, Jaime Arancibia y Erick Terán, además de Iver Callejas.
Los audios fueron presentados por el principal dirigente de los cocaleros del Chapare, Evo Morales, y en ellos se escucha supuestamente a exjefes antidroga ordenar la cancelación de un operativo de interdicción de Valle de Sacta, en el trópico de Cochabamba.
Por este hecho, se abrieron dos procesos en la vía penal y dos en la vía administrativa de la Policía.
Caso Dávila
Anteriormente, se conoció que la Administración de Control de Drogas es la agencia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés) investigó a Maximiliano Dávila excomandante de la Fuerza Especial de
Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Se reveló que Dávila ofreció escolta armada y aeródromos a una red de narcotraficantes. Por la entrega del exjefe policial, Estados Unidos ofreció una recompensa de 5 millones de dólares.
Sin embargo, autoridades de Gobierno señalan que no encuentran pruebas que relacionen al exdirector de la Felcn con esta actividad ilícita.
Actualmente, Dávila es investigado por el delito de legitimación de ganancias ilícitas y guarda detención preventiva en la cárcel de San Pedro de La Paz.
POLICÍAS A LA CÁRCEL POR VIOLACIÓN
En la primera quincena de abril, dos efectivos policiales fueron condenados a la pena de 30 años de cárcel por el delito de violación de infante, niña, niño o adolescente con agravante, cometido en contra de una niña de 11 años en el municipio de Villa Montes en Tarija.
Fueron identificados como Wilber Rodríguez Vía y Ronald Uncari Usnayo, ambos de 25 años de edad. Uno deberá cumplir la sentencia en el Penal de Cantumarca y el otro, en San Pedro.
El caso data de 2021. Uno de los policías contactó a la niña mediante redes sociales y la recogió en su vehículo patrullero, donde cometió la agresión sexual.
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