Marcelo Soza, el exfiscal del denominado caso terrorismo, indicó que el escenario en el operativo en el Hotel Las Américas, estaba “montado” y que hubo varias irregularidades al momento de la intervención.
“(Yo) detecté que hubo un montaje en cuanto al escenario del crimen (…) Me refiero a montaje cuando, ni bien llego a Santa Cruz, se obtienen fotografías y posteriormente en la pericia balística se hace una comparación entre las fotos tomadas en el instante y con otras después del operativo. Ahí detecto irregularidades, por ejemplo, una de las armas había sido colocada ahí y otras en mochilas. Me negaron información cuando se las pedía”, indicó en una entrevista con el programa Antes del Mediodía, de radio Fides.
Manifestó que él nunca ordenó el operativo y que llegó a Santa Cruz luego de haberse cometido el mismo.
“Yo no ordené el operativo, no hubiese permitido esas muertes. Yo llego a Santa Cruz luego del operativo y empiezo a cuestionar y todo eso era irregular. No había orden de allanamiento, no me comunicaron nada”, dijo.
Soza solicitó asilo en Brasil, previo a ser condenado por la justicia boliviana a 12 años de cárcel, por el presunto delito de extorsión. Desde su asilo, manifestó que el Gobierno quería hacer de él “un chivo expiatorio” sobre el presunto caso de terrorismo.
“Ellos (el Gobierno) tenían que buscar algunas cosas para denigrarme y que yo salga de la peor forma y con ello, ellos justificaban todos los crímenes que habían cometido. Así ocultaban la supuesta división del país y las pruebas que habían (sobre el caso)”, mencionó.
Las afirmaciones de Soza se dan luego de que se filtrara un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el que se atribuye al Estado la muerte de Michel Dwyer y establece que los sobrevivientes de ese operativo fueron víctimas de torturas.
El informe señala que se debe iniciar “una investigación penal de manera diligente, efectiva y dentro de un plazo razonable con el objeto de esclarecer los hechos de forma completa, identificar todas las posibles responsabilidades e imponer las sanciones que correspondan respecto de las graves violaciones de derechos humanos reconocidas en el presente informe. Al tratarse de graves violaciones a los derechos humanos, el Estado no podrá oponer prescripción u otras eximentes de responsabilidad penal para incumplir con los parámetros de debida diligencia establecidos en el presente informe, incluyendo los protocolos de Estambul”.
Una de las partes llamativas del informe es el punto 41, señala:
“Consta en el expediente, el informe de 17 de abril de 2009 emitido por el Capitán de la Policía, Walter Andrade dirigido al Comandante General de la Policía Boliviana, Víctor Escobar, en el que se hace referencia a resultados del operativo policial. Dicho documento señala:
“Mediante el presente me permito informarle a su autoridad que la intervención al Hotel las Américas (sic) de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, fue exitosa y conforme al acuerdo al plan mayor, acordado por el Ministerio de Gobierno, la Vicepresidencia y la Unidad de contingencia de la Embajada de la Hermana República de Venezuela y cuya antecedente nómina de sujetos a ser neutralizados para mayor credibilidad pública (sic) y demás por menores que ya cursan en su departamento. Por unidad asignada”, señala el punto.
Página Siete
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