La boleta censal debía haberse conocido el 30 de junio, pero el Instituto Nacional de Estadística (INE) solicitó unos días más para presentarla al país. Es la principal herramienta que se aplicará durante el gran operativo del 16 de noviembre porque preguntará a cada ciudadano, a cada familia, sobre su situación laboral, económica y social, entre otros aspectos.
“La boleta censal debería ser entregada el 30 de junio y el INE nos anunció que se va a tomar unos días más”, reveló Mario Galindo, coordinador de la Ruta del Censo, una red de instituciones académicas y de la sociedad civil que se acreditó para acompañar las etapas de este proceso, considerado vital para planificar y definir las políticas públicas del Estado para la próxima década.
Galindo es un economista y politólogo vinculado con la docencia universitaria y la investigación. Identificó varios problemas en el proceso preparatorio del censo, pero especialmente la falta de acceso a la información. Restan cuatro meses para la encuesta nacional y, por ejemplo, no se conoce el calendario de las actividades específicas que se cumplen para llegar a ese objetivo, tal y como sucede, por ejemplo, cuando está en marcha un proceso electoral de alcance nacional o local.
“El acceso a la información se ha convertido en un tema conflictivo. El INE optó por una forma de trabajo cerrado, de gabinete, y en donde la información que da a la población es bastante mezquina. Hasta el momento no se conoce la boleta”, afirmó Galindo luego de plantear esa problemática en un foro que organizó la facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) hace una semana. EL DEBER se comunicó luego con el coordinador y él explicó que pudo reunirse con las autoridades del INE, quienes le anunciaron que desde los últimos días de este mes y, especialmente, en agosto, se desarrollará una campaña masiva de información con mayor apertura.
Galindo también se refirió al debate sobre tres preguntas en la boleta. La primera de ellas tiene que ver con la autoidentificación cultural de cada ciudadano y, en ese marco, la incorporación de la categoría “mestizo”. Señaló que, luego de dos experiencias censales, en 2001 y 2012, esa pregunta ni la categoría deberían formar parte del cuestionario porque las respuestas sufrieron variaciones considerables. Hace más de 20 años, por ejemplo, el 60% de la población se autoidentificó con alguno de los pueblos indígenas del país, especialmente aymara, quechua y guaraní. Para 2012, ese porcentaje se redujo al 40%.
“Lo mismo pasa con la categoría religiosa, porque no se puede recoger información correcta”, dijo y explicó que, en muchas ocasiones, no todos los integrantes de las familias profesan un mismo credo y eso se oculta cuando el encuestador llena la boleta, tomando como referencia y la respuesta y postura del jefe de familia.
Frente a la pregunta sobre las diversidades sexuales, puede ocurrir algo similar, apuntó Galindo.
El sociólogo Juan Carlos Núñez, director de la Fundación Jubileo, afirmó que la pregunta de la autoidentificación étnica debería cualificarse para que establecer políticas en favor de los derechos de la población indígena, especialmente en cuanto el acceso a la tierra y evitar las prácticas de avasallamiento. De hecho, dijo, la categoría indígena está relacionado con la población y el territorio.
Luego afirmó que, a diferencia de los anteriores censos, éste debería recuperar información sobre los brotes de coronavirus que provocaron las cuarentenas.
“El tema de las consecuencias del Covid y el encapsulamiento ha traído serias complicaciones y es lo que debería estar en el censo. ¿Qué es lo nos ha alimentado en ese tiempo? La agricultura familiar y campesina y hoy es un sector que está menos atendido. La inversión productiva apenas supera el 8% y la actividad del turismo no capta ni el 1%, son áreas de trabajo pendiente y deberían estar en las futuras políticas públicas y es lo que censo debería reflejar”, dijo el especialista sobre la boleta.
“Pero la boleta no podría sufrir cambios transcendentales. Se necesita una boleta que después se la pueda comparar con los censos anteriores y si hay algunas modificaciones tienen que servir para cualificar las preguntas”, afirmó y señaló que se debe evitar la lógica del pliego de peticiones al INE para la elaboración de la encuesta.
Consideró que municipios como La Paz y Santa Cruz de la Sierra prestan servicios para los habitantes de otras comunas, especialmente en educación. Señaló, a manera de ejemplo, que 200.000 personas bajan de El Alto a La Paz por motivos laborales y sus hijos terminan estudiando en unidades educativas en La Paz. “Por eso se debe preguntar, además de que si accede a educación, dónde lo hace y tendríamos más información para hacer las inversiones y planificar mejor el desarrollo”, apuntó.
El secretario municipal de Autonomía de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, José Luis Santistevan, coincidió con el análisis de Núñez, pero añadió que “cerca de 80.000 ciudadanos llegan todos los años” a la capital cruceña. Comparó que en 2012 el Distrito 6 estaba poblado por 180.000 habitantes. “Ahora, según los datos conservadores del INE, tenemos casi 250.000 habitantes”, comparó.
Santistevan indicó que por concepto de coparticipación tributaria ese distrito está dejando de percibir Bs 34 millones “por la falta de los resultados del censo”.
Luego de la planificación, la primera gran etapa operativa con miras al censo tiene que ver con la actualización cartográfica que comenzó en abril y se extenderá hasta septiembre. Se trata, precisó Núñez, de un proceso clave porque tiene que definir con precisión la cantidad de viviendas y de familias que hay en manzano.
El especialista consideró que para esta etapa no basta únicamente las imágenes satelitales ni las fotos captadas por dron, pues es un proceso que se debe hacer de manera presencial. “Esas viviendas que se ven en el satélite que eran casas de una planta en 2012, ahora pueden ser edificios. Una buena cartografía ayuda a saber con exactitud la cantidad de familias”, afirmó y recordó que hace 10 años hubo “un desastre”.
“En 2012 se recurrió a las imágenes satelitales y barrios completos, comunidades campesinas completas no se censaron y con esos datos planificamos el desarrollo”, dijo el director de Jubileo.
Precisó que estos errores generan “cordones de pobreza y barrios marginales” en las ciudades más pobladas del país, donde existen zonas metropolitanas.
Según el coordinador de la Ruta del Censo explicó que hasta el momento existe el 40% de la cartografía y expresó su preocupación por el lento avance en el campo. El INE tiene previsto concluir con el 77% hasta agosto.
El senador Rodrígo Paz, de la alianza Comunidad Ciudadana (CC), afirmó que “el Censo es vital” y cuestionó la falta de transparencia del proceso. Afirmó que solo existe evidencia de actualización cartográfica en el 25% del país y lamentó la falta de transparencia del INE sobre los avances.
Esta percepción, de acuerdo con Juan Carlos Núñez, tiene que ver con la “debilidad institucional” del INE. “El director (Humberto Arandia) renunció y es su derecho, pero es ratificado, y acaba renunciando la ministra de Planificación (Gabriela Mendoza). Eso muestra que nos preocupamos por personas, cuando esto debería ser normado el plan, por la institucionalidad”, afirmó.
De hecho, Galindo considera “en lo personal” que esa renuncia en el INE pudo haber afectado en las demoras administrativas que está enfrentando la encuesta, que será la más importante en 10 años para planificar el desarrollo.
El Deber
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