Un proyecto de ley a la espera de ser tratado en el Legislativo plantea que las organizaciones religiosas informen sobre actividades que desarrollan como las financieras y cierra el paso a la distribución de ingresos y patrimonio entre sus miembros.
Las Iglesias Evangélicas Unidas rechazaron en un pronunciamiento público la norma y demandaron que sea archivada debido a que busca controlar la labor que realizan las diferentes denominaciones. “No se puede fiscalizar la fe de ninguna persona”, afirmó el presidente de ese bloque de evangélicos, Roberto Solano.
Se trata del anteproyecto de Ley Libertad Religiosa, Organizaciones Religiosas y de Creencias Espirituales, que en criterio del presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, en ninguna parte busca que el Estado pretenda fiscalizar las actividades que desarrollan, ni mucho menos en el sector económico.
La propuesta de ley a la que tuvo acceso este medio establece en el inciso e) del artículo 17 sobre deberes de las organizaciones religiosas: «Informar a la autoridad competente, respecto a las actividades administrativas, financieras, legales, sociales y religiosas o espirituales que realizan en el país, en el caso de las organizaciones religiosas y de creencias espirituales».
Tiene 14 artículos, una disposición transitoria, una disposición abrogatoria y otra derogatoria. En parte del artículo 11 referido a recursos y patrimonio fija que los recursos y patrimonio no podrán ser distribuidos entre los miembros de la organización.
“Los ingresos y el patrimonio de las organizaciones religiosas y de creencias espirituales sin fines de lucro deben ser destinados exclusivamente al logro de su objetivo y fines establecidos”, se lee en el numeral I del artículo 11.
En el numeral II se complementa: “En ningún caso los ingresos y el patrimonio, podrán ser distribuidos directa o indirectamente entre sus miembros o integrantes”. Y en caso de disolución de la organización religiosa o creencia espiritual se determina que “la totalidad de su patrimonio se distribuirá entre entidades no lucrativas de igual objeto o se donará a instituciones públicas”.
El objeto del anteproyecto de ley señala que es buscar un “marco jurídico de derechos y deberes para el ejercicio de la libertad religiosa y de creencias espirituales de acuerdo a sus cosmovisiones, de culto, de conciencia y de pensamiento de forma individual o colectiva, pública o privada y el reconocimiento institucional de las organizaciones religiosas y de creencias espirituales en el Estado Plurinacional de Bolivia“.
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Borda insistió en que “no existe ningún artículo en la ley por el cual el Estado estaría interviniendo en una fiscalización de recursos económicos, definitivamente más bien establece una independencia del poder temporal con el poder espiritual”.
Desde 2009 se vino trabajando el documento. El presidente de la Asociación Nacional de Evangélicos de Bolivia (Andeb), Munir Chiquie, confirmó la participación de su sector y destacó la norma, luego de una reunión con Borda.
“Nos sentimos incluidos, hemos sido consultados, este proyecto de ley de libertad religiosa recoge las demandas de este gran sector de las organizaciones religiosas y nos sentimos ahora sí identificados con una ley que está siendo historia como es la Ley de Libertad Religiosa”, afirmó y descartó que el Estado tenga algún tipo de injerencia en las organizaciones religiosas como lo denunció las Iglesias Evangélicas Unidas.
Se tiene previsto que en el transcurso de las siguientes semanas el documento sea tratado en la Cámara de Diputados.
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