La Fiscalía de Tarija abrió un proceso contra la dirigencia cívica por instruir el paro de cinco días para exigir el censo 2023, informó el presidente del Comité Pro Intereses, Adrián Ávila.
El dirigente lamentó que el Ministerio Público y la justicia ordinaria en Bolivia sean manipulados y manejados por el actual Gobierno, que inició una persecución judicial contra las personas que reclaman y no están de acuerdo con sus decisiones políticas.
«A nosotros ya nos citaron por el paro de cinco días por el censo 2023. Un diputado del MAS hizo la denuncia ante la Fiscalía, eso no nos extraña porque lamentablemente así actúa el Gobierno. La ley se la debe aplicar para todos», expresó Ávila.
El Comité Pro Intereses de Tarija decidió ir al paro indefinido en cumplimiento al pedido de las instituciones afiliadas; la medida se llevó adelante del 7 al 11 de noviembre pasado para exigir la convocatoria al censo en 2023 y en rechazo a que la encuesta se haga en el 2024.
Ávila declaró que ante la judicialización de las protestas, se debe insistir en la independencia de poderes en el país y para eso se planteó una agenda hacia el federalismo.
«Con ese modelo, se podrá tener autonomía jurídica, legislativa y administrativa de nuestro territorio. Hay que prepararnos para llegar al federalismo y el Comité Pro Intereses ya tiene una propuesta. Eso lo vamos hacer conocer en los próximos días y de hecho, en Santa Cruz nos invitaron para que lo expongamos», manifestó el líder cívico.
El Deber
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