AHORADIGITAL.- El diputado nacional Rodrigo Fuenzalida formalizó la presentación de un proyecto de ley en calidad de reposición que busca derogar la Ley 767 de Promoción de la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera. El legislador sostiene que es imperativo que el 12% de los recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) retorne a las arcas de las gobernaciones, municipios y universidades públicas. Según Fuensalida, esta medida es fundamental para que las entidades territoriales puedan consolidar sus autonomías y contar con un capital inicial para arrancar la gestión 2026, especialmente ante la cercanía de las discusiones sobre el nuevo pacto fiscal y el esquema de trabajo 50-50 propuesto por el Ejecutivo.
La autoridad legislativa recordó que este descuento a las regiones comenzó durante la gestión de Evo Morales, bajo el argumento de fomentar inversiones en un sector que se pretendía próspero. Sin embargo, Fuensalida calificó este proceso como una apropiación de fondos realizada sin el consentimiento de las instituciones autonómicas. «En 2015, el presidente Evo Morales, el entonces Ministro de Hidrocarburos nos dijo que vivíamos sobre un mar de gas, empezó a hacer la confiscación del 12% sin autorización de los municipios, gobernaciones y universidades», puntualizó el diputado, señalando que estos montos han sido retirados de manera sistemática de los presupuestos regionales.
Impacto económico y falta de resultados en exploración
El balance presentado por el diputado es severo respecto al uso de estos fondos. Se estima que, a nivel nacional, la cifra confiscada oscila entre los 600 y 700 millones de dólares, de los cuales 68 millones de bolivianos corresponden específicamente al departamento de Tarija. Fuenzalida denunció que, mientras estos recursos podrían haber sido invertidos en infraestructura de salud o programas educativos, fueron destinados a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para tareas de exploración que, tras años de ejecución, no han dado resultados positivos. Para el legislador, se trata de un daño económico significativo que ha frenado el desarrollo local sin generar los retornos hidrocarburíferos prometidos.
Al ser consultado sobre la factibilidad de que el proyecto avance en la Asamblea Legislativa Plurinacional, Fuensalida se mostró optimista, apelando al origen regional de los senadores y diputados y argumentó que todos los departamentos, no solo los productores, se han visto afectados por este recorte y que existe una necesidad urgente de mover el factor económico en cada localidad. «Los recursos de confiscación se encuentran en el Banco Central, porque es ahí donde guardan los recursos de la confiscación de estos montos. Por lo tanto, tienen que ser devueltos, tienen que pasar a los gobiernos departamentales, municipales y universidades, porque es la necesidad que se tiene», aseveró con firmeza.
Finalmente, el legislador aclaró que, aunque hubo un intento mínimo de devolución durante la crisis sanitaria del COVID-19 para paliar la falta de desayuno escolar, aquello fue insuficiente frente al monto total adeudado. El objetivo de este nuevo proyecto es eliminar definitivamente una normativa que, a su juicio, solo ha servido para quitarle posibilidades de progreso a las regiones.
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