AHORADIGITAL.- La dirigencia del pueblo guaraní del territorio, denunció este martes que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) pretende iniciar nuevas consultas de participación sin haber cumplido con el pago de compensaciones pendientes por procesos realizados en gestiones anteriores. El dirigente René Arévalo advirtió que esta situación puede generar un quiebre en la relación entre el Estado y las comunidades indígenas, si no se atiende el reclamo con prontitud.
Según explicó, existen tres procesos de consulta previos cuyos compromisos económicos no fueron cumplidos. “Hay una deuda pendiente de tres pagos de tres consultas de participación, la cual no se ha cancelado”, afirmó, y añadió que pese a este incumplimiento, “ayer me llamaron unos dirigentes que están entrando a hacer las consultas de participación a las comunidades, sin la autorización del dirigente de Hugo Arévalo,”.
Arévalo denunció que esta estrategia, a su juicio irregular, busca dividir a la organización para lograr luz verde a nuevos proyectos de exploración. Reclamó además que el mecanismo de compensación acordado mediante decreto en 2014, que establece la entrega de proyectos en lugar de dinero, tampoco se ha cumplido.
“Hasta el momento no tenemos ni el proyecto, ni el efectivo, ni nada, ni un acercamiento”, lamentó. Asegura que enviaron más de diez notas al Ministerio de Hidrocarburos sin obtener respuesta.
El dirigente anunció el envío de una nueva carta al ministro del área, en la que exigirán una solución inmediata. “Estamos dando plazo de 48 horas para que ellos nos informen y bajen a solucionar el problema que tienen con nosotros”, indicó.
Si bien la organización guaraní no se opone a la inversión pública ni a los proyectos de exploración en sus tierras, insiste en que se deben respetar los derechos colectivos y los compromisos asumidos. “Si hay que apoyar al Gobierno para que haya plata, vamos a apoyar, pero primero que pague la deuda que tiene con el pueblo guaraní”, declaró Arévalo.
Los pueblos indígenas de la región recuerdan que la consulta previa, libre e informada no es solo una formalidad, sino un derecho protegido por la Constitución y tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT y el Acuerdo de Escazú.
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