El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza evaluará cinco casos más de vulneración de derechos de la madre tierra en el país y podrían enviar una segunda misión para constatar las problemáticas, informó Antonio Acosta, integrante de la comisión.
El proyecto Rositas, la situación de El Bala-Chepete, las actividades hidrocarburíferas en Tariquía, la deforestación en el bosque Tsimane y el caso de tráfico de colmillos de jaguar fueron denunciados por indígenas y activistas en una audiencia pública del tribunal, realizada en el Arzobispado de Cochabamba.
“Podría ser que el tribunal envíe otra misión para verificar la situación”, manifestó Acosta. Añadió que es posible que las denuncias sobre la construcción de hidroeléctricas se sumen a otros casos similares de los países de la región.
Varias representaciones de pueblos indígenas y activistas presentaron sus denuncias ante la comisión del tribunal que visitó el país por una semana para verificar la situación del Tipnis.
Sobre el caso específico del Tipnis, el tribunal acotó que la revelación de la información sobre pozas de maceración en el Polígono 7 podría haber sido la razón por la que no se permitió el paso de la comisión el pasado fin de semana.
“Son datos que servirán para ponerlos en el informe y creo que es un asunto que demanda la sociedad boliviana, transparencia. ¿Qué está sucediendo al respecto?”, manifestó. El viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, informó el martes que se hallaron laboratorios dedicados al narcotráfico. Éstos se ubicaban en las comunidades indígenas del Tipnis y no en el Polígono 7.
Respecto a la deforestación en el bosque Tsimane, el dirigente Bernardo Muiba explicó que su territorio también será afectado por la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos. “Va a invadir nuestro espacio territorial en el que habitamos cinco pueblos en el territorio (…) en los cuales tenemos problemas”, sostuvo.
En tanto, el concejal de Vallegrande y presidente del Área Natural de Manejo Integrado (ANMI), Gary Rodríguez, ratificó el rechazo a la construcción del proyecto hidroeléctrico Rositas que impulsa la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE).
Por otra parte, el secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la reserva de Tariquía, Francisco Romero, sostuvo que el área protegida está asediada por empresas petroleras que pretenden realizar trabajos de exploración petrolera.
Añadió que los indígenas protegen el núcleo de la reserva que pretende ser entregada a empresas petroleras. En la zona, habitan alrededor de 3 mil indígenas que producen entre 14 y 16 mil kilos de miel de abeja al año.
El caso que más impactó al tribunal fue el de tráfico de colmillos, en el que la presidenta del Colegio de Biólogos de La Paz, Angela Núñez, informó que, entre 2014 y 2018, fueron decomisados 648 colmillos de jaguar. Añadió que aunque en Bolivia existe un marco normativo para condenar esta actividad ilícita, las autoridades judiciales minimizan el problema.
Finalmente, se presentó el problema de la hidroeléctrica Chepete-El Bala, que actualmente está suspendido debido a observaciones que realizó la empresa Geodata, que estuvo a cargo de la elaboración del estudio de identificación.
“Un pueblo sin agua no es pueblo; nosotros qué vamos a hacer”, dijo Francisco Romero.
AVANZA EL CASO DE TRÁFICO DE COLMILLOS
Ayer se desarrolló la audiencia por el caso de tráfico de colmillos de jaguar en la ciudad de Santa Cruz, en la que se determinó un plazo hasta el 29 de agosto para que se otorgue un dictamen. En la audiencia participaron los abogados de la Gobernación y del Viceministerio de Medio Ambiente.
Los activistas y medioambientalistas impulsaron la denuncia por la gravedad de la situación que afecta al país. Los reportes de este delito coinciden con la llegada de ciudadanos chinos.
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