El Decreto Supremo 5676, que establece un precio de Bs 18 por litro de diésel para los grandes consumidores, abrió una nueva grieta política en la Asamblea Legislativa. Mientras diputados de Alianza Popular (AP) y APB-Súmate exigen que la norma sea abrogada, desde el Partido Demócrata Cristiano (PDC) plantean mantenerla, pero revisarla y corregirla.
El diputado de AP, Rolando Pacheco, sostuvo que el decreto debe ser eliminado y cuestionó los resultados de la decisión gubernamental de retirar la subvención para determinados sectores.
“¿Qué hemos ganado quitando la subvención?”, cuestionó Pacheco, quien además advirtió que el Gobierno debe escuchar las demandas de los sectores sociales y productivos que rechazan la medida.
En la misma línea, el diputado de APB-Súmate, Diego Brañez, pidió que las alcaldías y gobernaciones sean excluidas del alcance del decreto. Advirtió que, si el Gobierno no modifica ese aspecto, la alternativa debería ser directamente abrogar la norma.
La posición del PDC es diferente. El diputado Rudy Pantaleón expresó su respaldo al presidente Rodrigo Paz, pero consideró necesario revisar el decreto y realizar correcciones.
La discusión se produce mientras sectores productivos, transportistas y comerciantes mantienen su rechazo a la norma y anuncian medidas de presión para exigir su abrogación. El Gobierno, por su parte, sostiene que el decreto no será eliminado, aunque admite la posibilidad de introducir modificaciones.
El Ejecutivo argumenta que recuperar el esquema anterior no resolvería el problema de abastecimiento y podría incluso profundizar la escasez de diésel. El Gobierno sostiene que el problema de fondo está relacionado con la existencia de precios diferenciados, que —según sus autoridades— incentivan el contrabando, el acaparamiento y la reventa.
Así, el debate ya no se limita al precio del combustible. La discusión empieza a convertirse en una prueba política para el Gobierno de Rodrigo Paz: unos aliados piden mantener el rumbo económico con correcciones, mientras otros legisladores reclaman dar marcha atrás ante la presión de los sectores afectados.
Ahoradigital
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