Ahoradigital.- El Gobierno decidió intervenir temporalmente Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por hasta 180 días, mediante el Decreto Supremo 5697 aprobado el 1 de septiembre, debido a las deficiencias detectadas en los procesos de importación y distribución de carburantes.
La medida tiene como objetivo fortalecer la cadena logística de combustibles, pero también abre una revisión de las operaciones de la estatal petrolera y de las posibles responsabilidades por las fallas que afectan el abastecimiento y la seguridad energética del país.
Para llevar adelante la intervención, el decreto crea una Comisión de Intervención Estatal Extraordinaria, integrada por representantes de los ministerios de Economía, Producción, Hidrocarburos y Obras Públicas, además del Viceministerio de Transparencia.
La comisión deberá concentrar su trabajo en las áreas de comercialización, logística y trazabilidad de combustibles, y podrá recomendar auditorías para identificar posibles redes de contrabando, desvío, acopio irregular y otras irregularidades, además de establecer responsabilidades del personal involucrado.
El alcance de la intervención es amplio. La comisión podrá revisar los procesos de importación, adquisición, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de carburantes, así como evaluar decisiones y operaciones que hayan podido afectar el abastecimiento, la seguridad energética o los recursos del Estado.
También podrá revisar el cumplimiento de funciones de autoridades, ejecutivos, personal administrativo, técnico y operativo de YPFB, e incluso recomendar la remoción de funcionarios cuando corresponda.
El decreto establece además que el presidente y todo el personal de YPFB deberán entregar la información requerida por la comisión. El incumplimiento de esta obligación podrá generar responsabilidades administrativas y/o penales.
Uno de los puntos centrales será el resultado de las auditorías. Si se encuentran indicios de responsabilidad, la comisión deberá elaborar informes en los que se identifiquen los hechos, las personas involucradas, la documentación de respaldo y las acciones recomendadas.
Estos antecedentes podrán ser remitidos a la Contraloría General del Estado, al Ministerio Público, a la Procuraduría General del Estado y a otras autoridades competentes.
La intervención tendrá una duración máxima inicial de 180 días, aunque podrá concluir antes si se superan las condiciones que la originaron. Excepcionalmente, el plazo podrá ampliarse una sola vez por hasta 90 días si persisten las causas que motivaron la medida.
El Gobierno aclaró que la intervención no implica la desaparición de YPFB ni modifica su naturaleza jurídica o estructura institucional. Los gastos de la comisión, además, deberán ser cubiertos con los presupuestos de las entidades que la integran y no representarán recursos adicionales del Tesoro General de la Nación.
La decisión llega después de que el propio Gobierno anunciara investigaciones por denuncias de presuntos cobros indebidos e irregularidades en la cadena de comercialización de combustibles, incluyendo acusaciones sobre posibles “mafias internas” en la estatal petrolera.
Con el decreto, la intervención deja de ser solamente un anuncio político y pasa a tener un marco formal: durante los próximos meses, YPFB quedará bajo una revisión que podrá determinar qué falló en la cadena de combustibles, quiénes fueron responsables y si corresponde iniciar acciones administrativas, civiles o penales.
Ahoradigital.
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