El Banco Central de Bolivia (BCB) imprimió un millón de billetes conmemorativos por el Bicentenario con un costo superior a Bs 4,5 millones, pero hasta mayo de 2026 apenas había logrado vender el 3,8% del total, según una auditoría que ahora derivó en una denuncia penal contra exdirectivos de la institución.
La adquisición fue autorizada en abril de 2024, durante el gobierno de Luis Arce. Según el Viceministerio de Transparencia, el objetivo era comercializar los billetes y generar ingresos para el Estado. Sin embargo, la operación se habría realizado sin estudios técnicos, legales o de mercado que demostraran la viabilidad de imprimir un millón de piezas.
Los datos de la auditoría muestran la magnitud del problema: de las 1.000.000 de piezas producidas, solo 37.885 fueron vendidas, mientras que 962.115 permanecían bajo resguardo del BCB hasta mayo de este año.
La velocidad de comercialización también genera cuestionamientos. Durante los primeros cinco meses de 2026 se vendieron, en promedio, 270 billetes por mes. De mantenerse ese ritmo, el saldo existente tardaría aproximadamente 297 años en ser vendido.
El Gobierno presentó una denuncia penal contra el expresidente del BCB, Edwin Rojas, y los demás integrantes del anterior directorio, además de personal técnico. La denuncia contempla, entre otros, los presuntos delitos de conducta antieconómica, contratos lesivos al Estado e incumplimiento de deberes.
Otro dato observado es que el precio de los billetes fue fijado inicialmente en Bs 50 y posteriormente elevado a Bs 70, desde septiembre de 2025.
El caso deja una pregunta de fondo: ¿por qué se decidió fabricar un millón de piezas con recursos públicos sin contar previamente con un estudio que demostrara que existía un mercado capaz de absorberlas?
Ahora la Fiscalía deberá determinar si existieron responsabilidades penales y si la decisión de producir ese volumen provocó efectivamente un daño económico al Estado.
Ahoradigital
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