El gerente general de la Gestora Pública, Jaime Durán, informó este domingo que a partir del 1 de junio los más de 200.600 jubilados que ahora están percibiendo sus pensiones con las AFP recibirán sus pensiones directamente de la Gestora.
Señaló, además, que en ese proceso desde el próximo 2 de mayo la institución se hará cargo de la recaudación total de las cotizaciones del Sistema Integral de Pensiones.
Eso quiere decir, dijo el funcionario a la estatal Bolivia Tv, que lo que corresponde a las cotizaciones de la planilla de abril, ya se pagan con la Gestora.
“La Gestora Pública se hará cargo completamente del manejo total del Sistema Integral de Pensiones desde este 2 de mayo”, señaló la autoridad, quien precisó que el proceso de migración es automático y “toda” la información que está en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) se trasladará al sistema de la Gestora.
La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo inició el registro de nuevos asegurados y empleadores en el Sistema Integral de Pensiones el 9 de septiembre de 2022.
De acuerdo con Durán, a partir del 15 de mayo, en las 33 plataformas que tiene la institución en todo el país, se recibirá los trámites de jubilación.
La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo informó que existen cinco “candados” que garantizan la seguridad de los aportes en el Sistema Integral de Pensiones del país.
Se establece que los aportes son patrimonios autónomos, el único destino de los recursos es la inversión para generar rendimientos y posteriormente financiar la pensión de jubilación.
Los aportes están fiscalizados permanente por la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS).
Los aportes están sujetos a control social, apertura y transparencia hacia las rendiciones públicas de cuentas.
Los aportes son controlados por el jubilado, como asegurado. Únicamente, el beneficiario puede acceder a sus recursos cuando tramite su pensión de jubilación.
Los aportes son sometidos a una auditoría externa, además de auditorías de manejo contable por entidades privadas independientes que deben ser presentadas a la Presidencia del Estado, a la Asamblea Legislativa Plurinacional, al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a la Contraloría General del Estado y deben ser publicadas a través de todos los medios de difusión.
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