Dificultades para el comercio exterior, esa sería una de las principales consecuencias de que Bolivia no pase la evaluación que el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) realiza en el país sobre los avances en la lucha contra el lavado de activos. Una baja calificación implicaría volver a la lista gris, de la que el país salió en 2012, advirtió este domingo el director de Servicios Financieros, Franz Apaza.
“El resultado de esta evaluación va a tener efectos en la economía del país. Si no tenemos una buena evaluación, podríamos entrar a una lista gris que a nivel internacional se los conoce como países de riesgo”, señaló en entrevista con el canal estatal.
Explicó que la lista gris, es como una central de riesgos. “Cuando uno va al banco a pedir un préstamo y está en esa lista no puede acceder al financiamiento porque es un cliente de riesgo. Más o menos pasa igual a nivel país”.
Insistió en que entrar a la lista gris pondría dificultades al comercio exterior, porque tanto exportadores como importadores tendrían problemas para hacer transferencias hacia y desde el exterior.
“Por ejemplo, al ser país de riesgo el resto de los países ya no van a confiar en nuestro sistema financiero ni en sus bancos, por podrían subir las comisiones y encarecer las transacciones”, manifestó.
El Gafilat es una organización intergubernamental de base regional que agrupa a 18 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte. Fue creado para prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, a través del compromiso de mejora continua de las políticas nacionales.
Bolivia afronta la visita in situ de la “Cuarta Ronda de Evaluación Mutua”. En esta visita el país debe demostrar sus avances en el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) para la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
La última evaluación se realizó en 2011. Aunque luego de ese informe Bolivia logró salir de la lista gris, este documento identificó varias falencias. En el documento hay al menos cinco recomendaciones puntuales que deberían cumplirse para esta Cuarta Ronda de Evaluación Mutua.
Entre dichas recomendaciones se indica: “Se debe impulsar una normativa que tipifique el delito de financiamiento del terrorismo en la legislación boliviana”. Aclara que ésta debe ser acorde a lo establecido en las convenciones ratificadas por el país, incluidas las de derechos humanos.
Se argumenta que pese ha haber ratificado los instrumentos internacionales que obligan a la tipificación del financiamiento del terrorismo, entre ellos el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo de 1999, Bolivia no cuenta con un tipo penal que permita sancionar “efectivamente” esta conducta.
“Debido a este vacío legal, no hay posibilidad alguna de sancionar, ni penal, civil o administrativamente, a quien financie el terrorismo, salvo como cómplice del delito de terrorismo de acuerdo a las reglas generales en materia penal. Tampoco es posible sancionar a las personas jurídicas que se presten o sean utilizadas en la comisión del delito de financiamiento del terrorismo”, señala el informe.
Página Siete
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