Por efecto de una reunión entre el presidente del Estado, Evo Morales, y el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Luis Barbery, el Gobierno decidió ampliar por dos meses más el plazo del “perdonazo” tributario que fenecía este martes y, además, aceptó diferir la aplicación del control de impuestos al sector de los constructores hasta octubre.
El mandatario anunció las medidas al mediodía de este martes en una conferencia conjunta con el titular de los privados en la que también confirmó que este miércoles, en medio del feriado nacional por el Día del Trabajador, la Asamblea Legislativa Plurinacional sesionará, por tiempo y materia, para validar la ampliación del plazo para que los contribuyentes se adhieran a un plan de pagos de las multas con descuentos de intereses.
La decisión fue asumida en atención al pedido de los empresarios privados que enviaron una misiva a la Casa Grande del Pueblo.
“Hemos acordado ampliar el perdonazo por dos meses. Hoy era el último día y quiero informa a la población y especialmente a hermanos que están haciendo muchas filas que mañana, siendo feriado, la Asamblea va a trabajar, he convocado de emergencia al presidente de los Diputados y la Cámara de Senadores y ya está convocado, van a trabajar por tiempo y materia esta norma”, anunció.
Otro de los acuerdos alcanzados es el congelamiento en la vigencia de la Resolución RND N° 101800000036 (21 de diciembre de 2018) del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), que estipula la preparación y envío de información de contribuyentes de la construcción de bienes inmuebles.
“Tenían toda la razón de pedir suspensión, se suspende hasta que podamos acordar entre el Estado y el empresariado boliviano, especialmente del sector de la construcción”, anunció Morales.
Barbery explicó que a criterio del sector, la medida en lugar de efectivizar los controles de los tributos incrementa la burocracia.
“Lo que se pedía no era no ejercer el control, sino trabajar en unas mesas de trabajo para diseñar o rediseñarla en la parte operativa de manera de poder lograr los objetivos de control de Impuestos Nacionales, pero sin complicar el proceso administrativo de ese control encareciendo las operaciones”, sostuvo Barbery.
Añadió que la “nueva versión” de la norma entrará en vigencia cuando esté consensuada, se prevé, en octubre.
Barbery aplaudió la determinación y dijo que “vemos con satisfacción esa apertura del Ministerio de Economía, de Impuestos Nacionales, para poder trabajar en forma positiva pues en dirección de ejercer los controles que el Estado necesita”.
La Razón
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