Los bloqueos de caminos que mantienen aisladas a La Paz y El Alto cumplieron este 2 de junio 26 días. Sin embargo, la crisis política y social que les dio origen es más antigua. Si se toma como punto de partida el cabildo nacional realizado el 11 de abril en El Alto, cuando surgió formalmente la primera advertencia de exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz en caso de incumplimiento de las demandas sociales, el conflicto acumula 52 días de escalada política.
La diferencia no es menor. Los bloqueos comenzaron el 8 de mayo, pero la construcción de la actual crisis se desarrolló durante varias semanas mediante cabildos, ampliados, resoluciones y pactos entre organizaciones sociales, campesinas y sindicales que fueron incorporando gradualmente una demanda política que hoy ocupa el centro del conflicto que es el acortamiento del mandato constitucional del presidente Rodrigo Paz.
Una revisión realizada por Bolivia Verifica de documentos, declaraciones públicas y resoluciones de organizaciones movilizadas permite reconstruir esa evolución.
El primer hito tuvo lug el 11 de abril durante el cabildo «Despierta Bolivia», realizado en El Alto. En aquella oportunidad, representantes campesinos y sociales aprobaron más de diez puntos vinculados a la calidad del combustible, reducción de salarios de altas autoridades, eliminación de la renta vitalicia, titulación de tierras y otras demandas sectoriales.
La resolución otorgó al Gobierno un plazo de 15 días para responder. Pero además incluyó una advertencia política: si no existían respuestas, se pediría la renuncia del Presidente y de las principales autoridades de los órganos del Estado.
Tres semanas después, el 1 de mayo, la Central Obrera Boliviana realizó su propio cabildo. Aunque sus demandas estaban relacionadas con inflación, salarios, jubilaciones, créditos y abastecimiento, el dirigente Mario Argollo advirtió que, si no existían soluciones inmediatas, el Gobierno debía «dar un paso al costado».
El giro decisivo se produjo el 6 de mayo. Ese día, la COB, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, las Bartolinas, la Federación Túpac Katari, organizaciones del transporte y el Conamaq firmaron un Acta de Acuerdo Interinstitucional de Unidad y Lealtad. La resolución declaró un paro general indefinido con bloqueo de caminos y exigió de manera explícita la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Dos días después comenzaron los bloqueos que hoy cumplen 26 jornadas consecutivas.
La evolución del conflicto muestra otro momento clave el 14 de mayo. Ese día, la COB anunció que los pliegos sectoriales quedaban en segundo plano. «Aquí es el pedido único de parte del pueblo movilizado que es el alejamiento y la renuncia del presidente», declaró Argollo durante una conferencia de prensa.
La afirmación marcó un punto de inflexión porque las reivindicaciones salariales, económicas o laborales dejaron de ocupar el primer lugar en el discurso de los movilizados para dar paso a una demanda netamente política.
Posteriormente, sectores afines a Evo Morales se sumaron a las movilizaciones mediante una marcha que llegó a El Alto y La Paz entre el 17 y el 18 de mayo, las jornadas de mayor violencia en la sede de Gobierno. Aunque Morales negó públicamente estar impulsando la renuncia presidencial, días después planteó una transición constitucional y la convocatoria a nuevas elecciones en un plazo de 90 días.
El 16 y 23 de mayo. el Gobierno intentó reabrir el flujo de vehículos para priorizar la llegada de alimentos y oxígeno medicinal a La Paz y El Alto.
Uno de los aspectos más llamativos de la cronología es la diversidad de los reclamos que terminaron confluyendo en una consigna.
Los campesinos planteaban problemas vinculados a tierras y combustible. La COB exigía medidas económicas para enfrentar la inflación y mejorar las jubilaciones. El transporte reclamaba por los costos operativos y el abastecimiento. Otros sectores cuestionaban decisiones legislativas o planteaban reformas institucionales.
Pese a esas diferencias, las organizaciones terminaron alineando sus discursos alrededor de una exigencia común: la salida anticipada del Presidente. Esa convergencia se produjo además en medio de una intensa disputa narrativa en redes sociales y plataformas digitales, donde circularon versiones contradictorias sobre las demandas, los objetivos de las movilizaciones y las responsabilidades por la crisis. A eso se sumó la presencia de políticos extranjeros y una ola de desinformación a través de redes sociales.
A 52 días del inicio de la escalada política y 26 días después del comienzo de los bloqueos, ninguna de las partes ha cedido sustancialmente. El Gobierno insiste en que la salida pasa por el diálogo y se han impulsado mesas con participación de la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo y otras instituciones. Sin embargo, los principales dirigentes movilizados no participaron de los primeros encuentros realizados la última semana de mayo.
Al mismo tiempo, sectores como la COB, dirigentes campesinos y representantes del transporte mantienen posiciones que siguen vinculando la solución de la crisis con el derrocamiento de Paz.
El Deber
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