Teresa Morales, exdirectora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), recordó ayer que en 2018, el entonces presidente Evo Morales y su gabinete renunciaron a su secretario bancario. La información se encuentra en esa repartición estatal, por lo que cree que es “innecesaria” una indagación de las fortunas al exmandatario, al exdefensor del Pueblo, Nelson Cox y al diputado cochabambino, Héctor Arce.
“A finales de septiembre de 2018, el entonces presidente Morales, cuando yo era directora ejecutiva de la UIF, renunció a su secreto bancario, es decir abrió sus cuentas a toda la población boliviana. Igual hizo su vicepresidente (Alvaro García Linera) ministros, viceministros y autoridades del estado”, confirmó Morales, que además fue Ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural (2011-2015).
Añadió que gerentes de empresas públicas, alcaldes e incluso concejales a partir de 2018, mandaron cartas a la UIF “autorizando que se abriera el secreto bancario”. Por ello, Morales cree “innecesario”, que se envíen cartas a alcaldías para pedir información de cuentas bancarias de autoridades. En los últimos días, el exdefensor del Pueblo, Cox y el diputado Arce, que además mencionó al exmandatario Morales, denunciaron que la UIF indaga sus fortunas.
Teresa Morales señaló que cuando se trata de exautoridades, la UIF las cataloga como PEP (Persona Expuesta Políticamente), por lo que la vigilancia a sus movimientos económicos es por 10 años.
“Quiere decir que los PEPS estamos controlados al milímetro por la UIF y allí (en la estatal) está toda la información de los políticos y de las autoridades de todos los gobierno de hace 10 y 15 años atrás. Entonces es totalmente innecesario que se manden cartitas pidiendo qué bienes tienen X o Y persona”, complementó.
Para Morales, la dirección de la UIF tiene toda la información de Evo, Cox e incluso de Héctor Arce, exalcalde de Omereque, y solo debe buscarla en su despacho. Tanto Cox como Arce denunciaron la semana anterior, que la UIF envió cartas a la Alcaldía de Cochabamba para conocer el patrimonio económico de ambos. Arce denunció una “persecución política” por parte del Ejecutivo a los diputados considerados del ala dura o afines al exmandatario Morales.
¿Intereses políticos?
La exdirectora de la UIF considera que existen intereses políticos detrás de las investigaciones que efectúa la estatal contra las tres personas.
“Lo peor es que eso de tener interés político está totalmente prohibido por la GAFI (Grupo de Acción Financiero Internacional) saben que Bolivia está dando un examen (actualmente) ante la GAFI que en sus disposiciones dice que las UIFs deben desempeñar sus funciones sin influencia o interferencia política”, aseveró. Este medio revisó las recomendaciones de GAFI y no cita las palabras persecución política, solo persecución de lavado de dinero y de delitos.
La exministra Morales enarbola la tesis de que en 2019 hubo ‘golpe de Estado’ en Bolivia y no una sucesión constitucional.
Página Siete
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