La Gobernación de Chuquisaca se mostró disconforme con la decisión del juez de Instrucción en lo Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres Nro. 5 de la Capital, quien optó por no enviar con detención preventiva a los exfuncionarios de la Gobernación de Chuquisaca Vivian Chungara y Fernando Selaez.
En cambio, dispuso su arraigo nacional, la prohibición de comunicarse con los testigos y víctimas, y el pago de una fianza de 50.000 bolivianos. Ambos exfuncionarios están imputados por presuntos cobros del 5% del salario de los funcionarios durante la gestión de Damián Condori.
El jefe departamental de Transparencia, Adrián Zárate, indicó a Correo del Sur Radio que se presentó la apelación correspondiente contra la decisión judicial, dado que consideran que existe peligro de fuga y obstaculización, cuestiones que —en su criterio— no fueron tomadas en cuenta por el juez a cargo.
Asimismo, mencionó la existencia de un testigo protegido que ya había presentado su declaración ante el Ministerio Público, que había adjuntado “un elemento probatorio importante”, lo que, según explicó, justificaba su pedido de protección. De la misma manera, Zárate consideró que la multa establecida contra los imputados es de carácter simbólico, dado que habrían de hacerse de cifras mucho más elevadas con los supuestos cobros que se les atribuyen.
La apelación se realizó de manera oral durante la audiencia y ahora corresponde que el juzgado remita los antecedentes a la sala penal de turno, donde se señalará una nueva fecha de audiencia.
El caso de Esteban Urquizu
De igual forma, la autoridad se refirió a la reprogramación de la audiencia contra el exgobernador Esteban Urquizu, caso en el que continúa trabajando el equipo legal de la Gobernación, en busca de que el proceso se desarrolle con celeridad.
Correo del Sur
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