La Fiscalía presentó este lunes una imputación formal contra el exgobernador de Chuquisaca Esteban Urquizu, del Movimiento Al Socialismo (MAS), y su exsecretario de Obras Públicas, Willmar Aguirre, dentro de una investigación por un presunto daño económico al Estado que supera los 36 millones de bolivianos.
El proceso está relacionado con el proyecto carretero Chamina–Tres Cruces–Lloveta, en el municipio de Yotala. Según el Ministerio Público, la investigación estableció preliminarmente que se pagaron recursos por una obra que finalmente no habría sido ejecutada como correspondía.
El fiscal departamental de Chuquisaca, Alexander Mendoza, informó que ambos exfuncionarios fueron imputados por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, falsedad ideológica, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.
Una carretera por Bs 36 millones que no existe
El caso tomó fuerza después de una inspección realizada al lugar donde debía ejecutarse el proyecto. De acuerdo con la denuncia, el tramo de aproximadamente ocho kilómetros no tendría las condiciones de una carretera operativa y actualmente se encontraría intransitable.

La Gobernación de Chuquisaca denunció que el proyecto fue ejecutado entre 2015 y 2017 por la empresa constructora Royal SRL y cuestionó que se hayan destinado recursos millonarios sin que exista una obra funcional.
El actual gobernador, Luis Ayllón, fue quien presentó la denuncia ante el Ministerio Público y calificó el caso como un presunto proyecto “fantasma”.
La Fiscalía calcula que el perjuicio económico al Estado supera los Bs 36,6 millones, monto que habría sido destinado a una obra que, según los elementos recogidos durante la investigación, no cumplió con el objetivo para el que fueron asignados los recursos.
Fiscalía pedirá detención preventiva
El fiscal departamental anunció además que el Ministerio Público solicitará la detención preventiva de Esteban Urquizu, argumentando la magnitud del presunto daño económico investigado.
Ahora será el juez que tiene el control jurisdiccional del proceso quien deberá fijar fecha y hora para la audiencia cautelar, donde se definirá la situación jurídica de los imputados.
Urquizu fue gobernador de Chuquisaca durante dos gestiones bajo las siglas del MAS y fue una figura cercana al entonces presidente Evo Morales. Su primera gestión comenzó en 2010 y posteriormente volvió a ocupar el cargo en 2015.
El caso vuelve a poner bajo la lupa el manejo de recursos públicos durante anteriores administraciones departamentales y abre un nuevo frente judicial para exautoridades del MAS.
Ahoradigital






