El Relator Especial de Naciones Unidas sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos, Marcos Orellana, develó el miércoles, que Bolivia se convirtió en el centro de tráfico ilegal del mercurio en la región, y que ante la gravedad del comercio y el uso indiscriminado de este elemento peligroso, se visibilizará esta situación en foros internacionales, así como el cumplimiento del Estado frente al Convenio de Minamata.
“El hecho de que Bolivia se ha convertido en el centro ilegal del mercurio hacia la minería ilegal en otros países de la región, incluyendo Perú, Brasil, Colombia y otros, y expresamos nuestra preocupación ante la falta de acciones efectivas sobre el mercurio para hacerle frente a estos impactos y también la falta de implementación del Convenio de Minamata sobre el mercurio”, expresó el relator vía Zoom desde Italia.
El experto en sustancias tóxicas y Derechos Humanos de NNUU, dijo que sobre el tráfico ilegal del mercurio hay varias evidencias, lo cual podría generar la reacción de los países vecinos, que podrían empezar a cerrar sus fronteras al comercio ilegal del mercurio, y tener más controles estrictos sobre el movimiento de personas y el comercio internacional desde Bolivia.
“Se ha conocido de este problema por propios testimonios de testigos en caso de persecución penal o delitos ambientales en Perú, también por el monitoreo que realiza el programa de Naciones Unidas para el Medioambiente”, dijo Orellana durante el taller: “Impactos sobre Derechos Humanos del mercurio de la minería aurífera en Bolivia” organizado por el Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) y Reacción Climática.
El representante quien tuvo la oportunidad de responder las consultas de los periodistas concentrados en un céntrico hotel de La Paz, señaló que en cuanto a las sanciones en contra del Estado boliviano por el incumplimiento del Convenio de Minamata referido a la reducción del uso del mercurio y sus emisiones, se refleje en que “los países de la región y el resto del mundo empiecen a mirar a este país con otros ojos”, porque frustra los desafíos globales.
“Entonces cuando un país está actuando de manera que frustra los objetivos de la comunidad internacional se vuelve una situación podría incidir en la cooperación internacional (…). También veo un tema de acceso a los fondos internacionales, a los recursos internacionales para llevar adelante programas ambientales, que en su generalidad van a países que expresan y evidencian su intento de buena fe de cumplir con los compromisos asumidos en los acuerdos internacionales”, señaló.
Lo que busca el Convenio de Minamata –enfatizó Orellana- es que los países puedan hacerle frente a los desafíos globales en relación al medioambiente y a los Derechos Humanos, sobre todo de poblaciones altamente vulnerables, como es el caso de los pueblos indígenas impactados por las emisiones del mercurio a través de los alimentos que consumen.
En la carta de alegaciones enviada al Estado boliviano, tanto Orellana como el Relator de NNUU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, José Francisco Cali Tzay, expresaron su “profunda preocupación por el incremento desmedido en la importación y uso de mercurio en Bolivia, con sus consecuencias graves en el medioambiente, la salud de las personas, el efecto desproporcionado de la contaminación sobre el territorio indígena, y la vida y la salud de los pueblos indígenas”.
Sin embargo lamentó que a más de 60 días de la carta de alegaciones enviada, el Estado boliviano no haya respondido, ni tampoco haya elaborado un Plan de Acción Nacional respecto al mercurio, por lo que se activarán los pasos siguientes a fin de activar mecanismo que posibiliten un diálogo más efectivo.
Orellana no disimuló su sorpresa de que Bolivia haya respondido el 2019, que la minería aurífera en su territorio “es más que insignificante”. “Estos países se encuentran en la obligación de certificar este hecho y de implementar un plan de acción nacional”, dijo.
Mayor difusión del caso boliviano
El Relator Especial anticipó mayor difusión y visibilización del caso boliviano, tanto en el contexto del Examen Periódico Universal (EPU) que lleva adelante el Consejo de Derechos Humanos, para monitorear el grado de implementación y avance en la realización de los Derechos Humanos, como en otros foros internacionales.
“Podemos anticipar la visibilidad de este tema en los foros internacionales ambientales, sea la Conferencia de las Partes del Convenio de Minamata y otros foros ambientales. En todos estos espacios se empezará a visibilizar, y ver cuál es la respuesta que vemos de Bolivia frente al grave problema que enfrenta con el aumento del uso y comercio del mercurio”, explicó.
En el taller también participaron el director ejecutivo del Cedib, Óscar Campanini, el represnetante de Reacción Climática, Raúl Dorado, la representante del Alto Comisionado en Bolivia, Claudia Sierra y el vocero de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap), Álex Vilca.
De acuerdo a datos del Cedib, basados en información oficial, la importación del mercurio por Bolivia se disparó entre el 2015 y 2020 a un promedio anual de 192 toneladas.
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