La concejal municipal María Renee Barrios lanzó una grave declaración en las pasadas horas y abrió un escenario destituyente en su confrontación con el Alcalde de Yacuiba, al cuestionar y plantear que el Juan Carlos Castillo dé un paso al costado para que la administración municipal quede en manos del Concejo.
La declaración, difundida por Periodismo Urbano, no se limita a una crítica política contra la gestión del alcalde. Barrios plantea directamente la salida de Castillo y propone que el órgano que tiene funciones legislativas y fiscalizadoras pase a asumir la conducción de la administración municipal. En resumen, un golpe simple y puro a la democracia.
“Dar un paso al costado y poner la administración en manos del Concejo Municipal para resguardar la estabilidad de Yacuiba”, sostuvo la concejal, de acuerdo con la publicación difundida por el medio local.
La frase abre una pregunta que difícilmente puede ser esquivada: ¿Porque pide esto, es la aspiración de ser Alcalde por otra vía que no sea por el voto del pueblo?
El pueblo eligió concejales, no alcaldes
El punto más delicado de la declaración está precisamente en la propuesta de que ‘el Concejo tome las riendas de la administración’.
Los ciudadanos eligieron a los concejales para integrar el órgano deliberativo municipal y ejercer tareas de legislación, fiscalización y control. El alcalde, por su parte, fue elegido para encabezar el Órgano Ejecutivo.
Por eso, pretender que el Concejo pase de fiscalizar al Ejecutivo a administrar directamente la Alcaldía, si que haya un argumento donde la ley prevé que se remueva a un Alcalde, no es un detalle menor ni una simple diferencia política. Es una cuestión que involucra la separación de funciones dentro del Gobierno Autónomo Municipal y que, necesariamente, debe ser tomado como un golpe de estado en toda su magnitud.
La pregunta es sencilla: si el voto popular eligió concejales para fiscalizar y un alcalde para gobernar, ¿con qué mecanismo pretende el Concejo asumir el Ejecutivo?
Una propuesta que recuerda viejas disputas por el poder municipal
La declaración también resulta particularmente sensible en Yacuiba por los antecedentes de enfrentamientos políticos en torno al control de la Alcaldía y el papel que el Concejo ha pretendido jugar en momentos de crisis.
Por eso, hablar de que el Concejo tome el mando no puede ser tratado como una frase cualquiera.
Si existe una crisis en el Ejecutivo, existen mecanismos institucionales para fiscalizar, exigir informes, denunciar irregularidades y activar los procedimientos que correspondan. Pero una cosa es fiscalizar al alcalde y otra muy diferente es plantear que el órgano fiscalizador asuma la administración que debe controlar.
Barrios también denunció supuesta injerencia de personas ajenas a la estructura formal del Gobierno Municipal, cuestionó despidos de funcionarios de trayectoria y observó la falta de respuestas a Peticiones de Informe Escrito relacionadas con gastos de actividades festivas.
Esas denuncias deben ser investigadas, denunciada formalmente y, si corresponde, demostradas documentalmente.
Pero ninguna denuncia sobre transparencia o mala gestión responde por sí sola a la pregunta central que deja su declaración: ¿por qué el Concejo debería hacerse cargo del Ejecutivo? o es que tal vez ¿Hay un interés personal?
¿Golpe de Estado o salida institucional?
La palabra “golpista” es políticamente fuerte. Por eso, la pregunta debe quedar planteada y no presentada como una sentencia.
Lo que sí está expresamente dicho es que Barrios pide que el Ejecutivo dé un paso al costado y propone que la administración quede en manos del Concejo lo que es un extremo oscuro por decir de menos.
A partir de ahí, corresponde exigir una explicación pública y jurídica: ¿cuál es el mecanismo legal mediante el cual los concejales pasarían a administrar la Alcaldía?
Porque el problema no es solamente quién ocupa un despacho.
El problema es quién recibió del voto popular el mandato para gobernar y quién recibió el mandato para fiscalizar.
Yacuiba ya conoce los riesgos políticos de convertir la disputa por el poder municipal en una pelea por el control de las instituciones.
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Si Barrios considera que el alcalde debe dejar el cargo, tiene derecho a plantearlo políticamente, pero asumir las criticas y consecuencias políticas por esa declaración. Por otro lado, si existen irregularidades, tiene la obligación de fiscalizarlas y denunciarlas.
Pero si la alternativa que propone es que el Concejo tome el mando, entonces también debe explicar ante la ciudadanía con qué legitimidad electoral y bajo qué norma pretende hacerlo.
Porque una cosa es pedir la salida de un alcalde.
Otra muy distinta es pretender quedarse con la Alcaldía desde el Concejo.
Lo mas importante es repetir esta frase: ‘con qué legitimidad electoral pide eso’ y si no la tiene, debe presentarse en la próxima elección y competir para asumir el cargo
