El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) a través de su investigador, Alfredo Zaconeta, advirtió que las transacciones y anuncios de compra de acciones de la japonesa Sumimoto de la empresa Minera San Cristóbal (MSC), es poco transparente, genera susceptibilidad y agrava la incertidumbre cuando es la Unión Agroindustrial de Cañeros (Unagro) -sin experiencia en el rubro minero- la que se presenta como futura dueña.
“La primera conclusión de esto es que no hay transparencia y hay una completa susceptibilidad porque el hecho que primero salga unilateralmente la parte empresarial interesada, que estaría comprando como tal la empresa y que horas más tarde salgan los titulares de la empresa como es Sumitomo a desmentir esta transacción puede llevar nomás a un tema de conjeturas y el panorama”, señaló a Brújula Digital.
Para el especialista en temas mineros, lo que queda claro de los anuncios y desmentidos entre el domingo y lunes, es que hubo una negociación para poder transferir la participación de acciones de Sumimoto dentro de San Cristóbal.
“Ya meses atrás había el comentario de que había la intención de deshacerse de parte de las acciones, pero este tema tendrá que ser transparentado por la misma empresa que hizo conocer su plan de trabajo sobre el futuro de San Cristóbal, incluso proyectando la vida de la empresa hasta el 2050”, dijo.
Sumitomo Corporation, que posee el 100% del paquete accionario en la MSC, que opera el yacimiento de plata más importante de Sudamérica, ubicado en el sudoeste de Potosí, negó a través de un escueto comunicado que haya tomado alguna decisión en torno a la venta de sus acciones. Lo hizo después que el empresario agroindustrial Luis Barbery y el potosino, Orlando Careaga anunciaran una alianza privada para hacerse de la minera.
Zaconeta señaló que lo sucedido con los anuncios y desmentidos genera incertidumbre, contrariamente en un escenario de precios altos para los minerales en los mercados internacionales, que podría haber sido aprovechado por los empresarios.
“Esto nos lleva a la reflexión porque casualmente hace dos semanas se conoció que otra gran minera que opera en el mundo y que tenía operaciones en el país, tal como es el caso de Glencor también salió del país, hizo sus transferencias y sobre ese hecho tampoco dijo nada el Gobierno, particularmente la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), que tenía una participación, hay mucho silencio, poca institucionalidad presente al momento en el que se debate el futuro de los yacimientos no renovables”, sostuvo.
A criterio de Zaconeta, es necesario que el Gobierno transparente la información minera considerando que Bolivia es un país rentista plenamente y depende de lo que le paguen regalías e impuestos, tanto las mineras, como petroleras.
“Nos debe preocupar cuando el Instituto Boliviano de Comercio Exterior alerta sobre la contracción de la inversión extranjera directa en minería, y según la calificación de Fraser de Canadá, en su última evaluación coloca a Bolivia en el puesto 74 de 77 países analizados en cuanto a condiciones de inversiones mineras, y este hecho nos lleva a ver que el atractivo en inversión minera ha disminuido drásticamente y es a consecuencia de estas incertidumbres”, señaló.
El investigador señala que la calificación país también refleja el clima de seguridad jurídica que atraviesa Bolivia. “Estamos por debajo de Ecuador que no es un país de tradición minera. No hemos avanzado, ni nos hemos estancado, sino que hemos ido para atrás”, indicó.
Zaconeta afirmó que actualmente la minería estatal no es apta y que en los 15 años no ha sido potenciada a través de Comibol, que debiera haberse constituido como un referente.
“Si analizamos las operaciones de Huanuni, Colquiri y Coro Coro, vemos que todavía no han logrado ese apoyo para superar esa condición y lo que hace es seguir explotando, en muchos casos a pérdida y el sector privado a partir de lo que fue San Cristóbal precisamente desde el 2006 y 2007con el inicio de operaciones, no hemos visto otra operación de otra mina que haya empezado a ser explotada y esté dando réditos al país”, dijo.
Otro detalle no menor que debe considerarse según el investigador, es que Unagro, especializada en la producción de azúcar, alcohol anhidro y en la última etapa principal proveedora de etanol a YPFB, pretenda hacerse de las acciones de Sumimoto.
“En este momento Unagro no sé qué experiencia tiene para acreditar que pueda sostener los niveles de explotación y mantener todo lo que se vino haciendo la minera San Cristóbal, porque no hay que descuidar los aspectos técnicos porque los volúmenes que maneja San Cristóbal son bastante elevados y considerables”, cuestionó.
En total, en toneladas producidas en la gestión 2019 citó que la MSC llegó a tratar a 529 mil toneladas de concentrados y efecto de la pandemia disminuyó a 365 mil toneladas en 2020. El 2019 el valor total de producción alcanzó a 627 millones de dólares y con la caída el 2020 llegó a 428 millones de dólares. “Estás hablando de cifras enormes que deben ser consideradas”, dijo.
Sin embargo, lamentó que con el actual régimen tributario minero, a pesar de los altos precios de las materias primas, especialmente de minerales, el impacto de las exportaciones no es tan relevante para las arcas del Estado, que podría haber mejorado mucho si se hubiese adecuado a las cotizaciones.
“Da lo mismo que sean nacionales o extranjeras las que se hagan carga de San Cristóbal, porque si no hay valor agregado y a la vez no se modifica la parte tributaria, que es la que se emplea para definir las regalías la situación va a ser la misma”, alertó.
Tanto Luis Barbery, como Orlando Careaga, este último precandidato a senador por el MAS, son empresarios muy cercanos al oficialismo desde la administración de Evo Morales y Álvaro García Linera.
Tomado de El Diario
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