Marcelo Valdez, abogado de la exdiputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty, informó que se amplió la denuncia contra la expresidenta Jeanine Áñez por el presunto delito de violencia política y adelantó que se analizan otras ampliaciones tras la presentación del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
«La primera que se ha presentado es por el (presunto) delito de terrorismo, sedición y eso está en curso, (…) ahora se está ampliando por violencia política, precisamente porque no se le ha dejado ejercer su cargo como diputada en esos momentos del ‘golpe’. Ha habido violencia política, lo que establece también Adriana Salvatierra en un video y no se le deja entrar al Palacio, además eso está tipificado en el Código Penal y esos delitos están en la ampliación», informó Valdez a ANF.
Presuntamente, a la exdiputada Patty no se le dejó ejercer su cargo como legisladora durante los conflictos políticos y sociales en el país, en noviembre de 2019. Detalló que la solicitud de ampliación se presentó el lunes y al mismo tiempo se acompañó con un memorial a la Fiscalía para que el exlíder cívico y actual gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, declare en el departamento de Santa Cruz y no necesariamente se traslade a La Paz, ya que es el principal acusado del caso «golpe de Estado».
«También se ha entrado (sic) un memorial solicitando que Camacho declare en Santa Cruz para que sea más cómodo, inclusive por su actividad laboral y que declare sobre los hechos en esa época y siempre bajo la presunción de inocencia», acotó.
Adelantó que en el informe del GIEI surgieron nuevas situaciones como las «ejecuciones sumarias», presuntos delitos de «lesa humanidad» -que no figuran en ninguna parte del informe- y otros, y en ese marco analizan nuevas denuncias de ampliación. Valdéz detalló que se encuentran realizando un análisis técnico junto a varios diputados porque muchos tendrían que constituirse en víctimas, como los familiares del exdiputado Víctor Borda, quienes habrían sido perseguidos en el 2019.
«Nosotros lo estamos haciendo como denunciantes particulares, pero el que realmente debería hacer de oficio es la Fiscalía y la Procuraduría y el Ministerio de Justicia, actualmente no está apersonado en este caso. Entonces, se ha dejado este caso, no se ha notificado a muchos autores o sindicados», añadió.
El GIEI presentó su informe sobre los acontecimientos de los últimos cuatro meses del 2019, momentos en los que el país vivió una crisis política y social, en las investigaciones halló falencias en la independencia de la justicia y recomendó no utilizar el informe para identificar culpables y acusarlos.
La expresidenta Áñez se encuentra con detención preventiva por la denuncia que interpuso la exdiputada Patty por los presuntos delitos de sedición, terrorismo y conspiración. Sin embargo, ya tiene en su contra siete procesos, tres en la vía penal y cuatro juicios de responsabilidades que aún esperan ser aprobados en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). A eso, se añadió la presentación de parte de la Fiscalía de un requerimiento acusatorio para el inicio de juicio de responsabilidades contra Áñez, en relación con los hechos de violencia en Senkata y Sacaba; y ahora se hace una ampliación por violencia política.
Carolina Ribera, hija de la expresidenta Áñez, informó en Conclusiones de CNN que el detonante de la crisis que sufrió su madre, al intentar atentar contra su vida, fue el anuncio que hizo un diputado del MAS de investigar a su hija por la falta de registro de donaciones cuando estaba al frente de Gestión Social del Ministerio de la Presidencia.
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«Ella me dice que ya no quiere ser un problema para nosotros, que no quiere ver sufrir a sus hijos y esto va a acabar si ella se muere, eso fue lo que pasó el día sábado», narró Ribera.
Aseguró que la exmandataria está cansada de ser «maltratada», «ultrajada», «abusada» porque la situación de agotamiento ya no es física, sino psicológica. «Y lo que más le duele y ha sido lo que detonó el día sábado, es que a mí me quieran hacer un proceso», contó.
Indicó que fuera del «maltrato» que recibe, le dieron otros seis meses de detención preventiva y han divido el proceso en dos. «La están juzgando dos veces por el mismo delito y es totalmente ilegal e inconstitucional», señaló.
Desde el Gobierno, sostienen que Áñez se encuentra con detención preventiva porque existe peligro de fuga y la decisión de que se defienda o no en libertad esta en manos de la justicia.
El Deber
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