Delia Rodrigo, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Majadahonda, ha citado al exfutbolista y empresario Gerard Piqué como investigado en la causa que analiza el traslado de la Supercopa de fútbol a Arabia Saudí. La jueza considera que hay indicios de delito en la comisión anual de cuatro millones de euros que Piqué acordó con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).
La investigación de Rodrigo, que lleva meses revisando posibles irregularidades entre la RFEF y las autoridades saudíes, se centra en el acuerdo firmado en 2019 para llevar el torneo al país asiático. Este contrato estipulaba 40 millones de euros anuales para la RFEF y otros cuatro millones durante seis años para Kosmos Fútbol, la empresa de Piqué, quien aún era jugador del Barcelona cuando se firmó el trato. En 2020, el acuerdo se prorrogó otros cuatro años, sumando un total de 400 millones para la RFEF y 40 millones para Kosmos.
Además de Piqué, la jueza ha citado como investigado al actual presidente de la RFEF, Pedro Rocha, quien ya fue imputado en abril pasado en el marco de la Operación Brodie. Rocha, entonces vicepresidente del área económica, no convocó a la comisión económica para evaluar la prórroga del contrato en 2020 y tampoco solicitó el expediente posteriormente para revisarlo. La jueza también le atribuye negligencia en la supervisión de las obras del estadio de La Cartuja en Sevilla.
Rocha enfrenta también un expediente por infracción muy grave del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) por no convocar elecciones a tiempo y excederse en sus funciones tras la dimisión de Luis Rubiales. A pesar de ello, ha apartado de sus funciones a directivos y empleados investigados en la Operación Brodie, como Pedro González Segura y José Javier Jiménez, aunque él sigue en su cargo.
El contrato con Sela, la empresa pública saudí, garantizaba el pago de cuatro millones de euros anuales a Kosmos Fútbol. Javier Tebas, presidente de LaLiga, comentó sobre la imputación de Piqué: «Parecía lo lógico. Si Rubiales ya estaba como investigado, era normal que Piqué también lo fuera».
La investigación de Rodrigo abarca también los presuntos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal relacionados con la contratación de Gruconsa, la constructora involucrada en la reforma de La Cartuja y la sede federativa de Las Rozas. La jueza señala que empleados federativos y empresarios cercanos a Rubiales participaron en una trama de sociedades para desviar fondos a Dismatec, administrada por Francisco Javier Martín, alias Nene.
Rodrigo también ha imputado a Nene, su esposa Purificación Rufino Domínguez, Gruconsa, el exasesor jurídico de la RFEF Tomás González Cueto y otras nueve personas. La jueza investiga si las cantidades cobradas por el despacho de Cueto, GC Legal, fueron legales, y si se crearon ofertas ficticias para adjudicar obras a Gruconsa, empresa en la que trabajaba el hermano de Pedro González Segura.
Agencias
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