Hay una creciente expectativa por el avance de las elecciones judiciales. A siete días para que la Asamblea Legislativa agote su plazo para la preselección de postulantes, una acción popular amenaza su continuidad.
El 16 de febrero, con la publicación de la convocatoria al proceso de postulaciones, la Asamblea Legislativa comenzó su trabajo para la preselección de 192 aspirantes a las elecciones judiciales.
Son 404 profesionales que vencieron las ocho fases previas a la evaluación de méritos, cuya revisión de formación académica, experiencia laboral y producción intelectual se cumplió con aparente normalidad sobre 100 de los 200 puntos previstos por la ley.
El inicio de la etapa de exámenes orales y escritos de los postulantes, que también se calificará sobre 100 puntos, estaba previsto para el martes 17 de abril. Para entonces, la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Santa Cruz había dictado una medida cautelar sobre la preselección, a instancias de Margarita Medrano, abogada rechazada en su postulación al Consejo de la Magistratura, quien denunció la supuesta vulneración de sus derechos a participar en ese proceso de preselección.
Desde entonces, no se avanzó en la preselección de postulantes.
Acción popular
La amenaza que acecha el proceso data del 18 de abril. La abogada Yeny Dury Bautista presentó ante la Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Pando una acción popular en contra de la Ley 1549, de Elecciones Judiciales.
La denuncia expone la supuesta vulneración de los derechos de las mujeres indígenas en el proceso de preselección. Asimismo, Solicita la paralización del cronograma de preselección para que “no se vulneren los derechos colectivos demandados”.
El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Juan José Jáuregui, confirmó a La Razón que dicha acción popular se resolverá mañana, a las 09.00, en una audiencia virtual.
Aparte de esa acción, indicó que se presentaron al menos 12 amparos contra la preselección, cuyas audiencias serán resueltas entre hoy y mañana.
¿Esta acción popular, de salir a favor de la demandante, frena el proceso de preselección?
Dato
Los alcances de la determinación del Tribunal de Garantías podrían tener esa connotación, de paralizar incluso todo el proceso hasta que se pueda adecuar a las determinaciones del Tribunal de Garantías, en el peor de los escenarios, en el sentido de la ley. Pero eso es adelantarse demasiado. Es una posibilidad. Así como también es una posibilidad que se niegue la tutela y se prosiga todo el proceso, siga mudando la actividad de la comisión.
Ayer, en Bolivia Tv, el legislador del ala arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS) indicó que “podrían ampliarse los plazos” asignados a la Asamblea Legislativa, mientras “se resuelven y adecúan” las observaciones.
“Si se ha paralizado este proceso es precisamente por la interposición de recursos constitucionales de postulantes que, en varios de los casos, han visto el poco elemento de motivación que han tenido las resoluciones que han sido construidas desde las comisiones”, dijo Jáuregui.
Terminada la fase de preselección, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) alistará la tercera elección judicial en el país. La primera se celebró el 16 de octubre de 2011 y las segunda, el 3 de diciembre de 2017.
Se elegirán 23 magistrados, titulares y suplentes, para los tribunales Constitucional, Supremo de Justicia, Agroambiental y tres consejeros a la Magistraturas, con las mismas condiciones.
La Razón
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